Es hora de una nueva conducción para la CGT

“¡Poné la fecha…!”, se escuchaba gritar a un grupo de manifestantes en las inmediaciones del palco donde se encontraba el triunvirato de la CGT integrado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, en el cruce de Diagonal Sur y Moreno, encabezando una movilización convocada para aquel 7 de marzo de 2017, como respuesta al creciente descontento expresado por las bases ante la inacción de los dirigentes cegetistas frente a las políticas de ajuste del ingeniero Mauricio Macri. El cántico de ese pequeño grupo se esparció rápidamente y contagió a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, que asumieron entusiastas la consigna como un reclamo al gobierno, pero principalmente a la aletargada conducción de la CGT que se había mantenido hasta ese momento ajena al conflicto gremial y social que escalaba en la Argentina.

El malestar generalizado ante la falta de contundencia de la CGT, que poco tenía que ver con el espíritu de la multitudinaria marcha docente que había recorrido el país unos días antes, y el estado de alerta en más de un centenar de sindicatos, provocó la abrupta interrupción de la alocución de Héctor Daer, lo que precipitó una rápida desconcentración del acto entre empujones e insultos. De allí en adelante el rol de esa conducción, incapaz de sintetizarse en una figura potente, y contando con un fuerte apoyo de “los gordos” e “independientes” fue desdibujándose al calor del proceso popular. Esta situación derivó en la renuncia de Juan Carlos Schmid meses más tarde, y en la salida de más de una decena de gremios y dirigentes que fueron apostando a la articulación de un nuevo bloque sindical capaz de contener a distintas expresiones del movimiento obrero, entre ellas la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA-T).

No tengo dudas que ese espacio de unidad gremial contra el ajuste fue determinante, no solo para evitar la implementación de la reforma laboral que estaba en la agenda del gobierno de Macri, sino también para cimentar la construcción que culminó en la victoria electoral del Frente de Todos en diciembre de 2019, poniendo fin al último (y afortunadamente corto) ciclo neoliberal en nuestro país.

La situación institucional del movimiento obrero organizado no ha cambiado mucho desde entonces. Lo cual merece, al menos, algunas reflexiones preliminares, empezando por lo más evidente: el cambio de gobierno y, con ello, de matriz distributiva. Resulta extraño, de hecho, que una conducción débil, fragmentada y que había planteado una convivencia armónica con el macrismo hasta casi el final de su mandato, se mantenga firme como voz autorizada en defensa de los intereses de las y los trabajadores. En mi opinión, ello se explica principalmente por los siguientes factores:

• La necesidad del Ejecutivo de mantener una relación fluida con el sector moderado de la CGT para evitar abrir nuevos frentes de conflicto.
• Las prórrogas de los mandatos gremiales firmadas por el Ministerio de Trabajo que impiden la celebración de elecciones internas.
• El fuerte apoyo de los “gordos” e “independientes” que amenazan con excluir al moyanismo sobre la base de contar con mayoría de congresales.

Es ya sabido que el año pasado en pleno aislamiento, la celebración del Día de la Independencia puso en un escenario común al actual cosecretario de la CGT Héctor Daer junto a empresarios importantes de la Argentina, pocos días después de haber cerrado un acuerdo con la Unión Industrial Argentina (UIA) donde se habilitaba la rebaja salarial para aquellos sectores empresarios más afectados por la crisis económica, y próximo a un encuentro con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que entre otros temas, tenía en agenda un plan para reducir paulatinamente la carga tributaria de las grandes empresas. Si bien esa foto fue quedando demodé por mérito del propio gobierno, que sostuvo el salario de millones de trabajadores en el sector privado y avanzó, aunque tarde, en la aplicación de un único impuesto a las grandes fortunas, hay que señalar que la posición ante la crisis, que ideaban Daer y sus aliados conservadores de la CGT, estaba más adaptada a las necesidades de los empresarios que a la realidad de la clase trabajadora. Esto no sorprende. Los hermanos Daer, que llevan años al frente de sus sindicatos y son el verdadero binomio que conduce la principal central obrera actualmente, tienen un historial que se apega más a las tradiciones liberales y una gran experiencia en “el arte del diálogo”, si por diálogo, entendemos hacerle más sencillo el trabajo a las patronales.

Vale decir que en cabeza del sindicato de la Alimentación (STIA) se encuentra hoy quien fuera secretario general de la CGT durante el segundo gobierno de Carlos Menem, a quien defendía con fervor: Rodolfo Daer, hermano de Héctor y verdadero pionero en el acto de firmar convenios flexibilizadores durante los años ‘90. En esa peculiar configuración familiar no podemos dejar de mencionar al jefe de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), Carlos West Ocampo, amigo de Héctor desde su juventud y su secretario general en esa Federación, quien nunca escondió su beneplácito con las políticas de ajuste.

Hace unos meses una noticia, que pasó relativamente desapercibida, involucraba al actual titular de la CGT líder de Sanidad y a varios otros gremialistas. Se trató de la visita en dos ocasiones, entre julio y agosto del 2017, al ex presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, en vísperas de la sanción de la Ley de Reforma Laboral, Tributaria y Previsional. En la comitiva habrían participado, en días distintos: Carlos West Ocampo, Armando Cavalieri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Carlos Acuña, Roberto Fernández y Omar Maturano. No sugiero que lo hicieron para acelerar la sanción de dicha ley, pero es claro que en medio de la persecución y el encarcelamiento a dirigentas y dirigentes opositores, esa reunión, que recién ahora toma estado público, en el marco de la investigación por los reiterados aprietes de la llamada “mesa judicial” macrista, genera profundas sospechas de cuál era el nivel de connivencia de estos gremialistas con las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Cambiemos.

Que la conducción de la actual CGT siga casi como un holograma proyectado de la etapa anterior, lejos de expresar las necesidades actuales de las amplias mayorías populares, se vuelve un obstáculo para el conjunto de la clase trabajadora y un límite para el propio gobierno que en su equilibrado accionar y como un reflejo casi formal, evita cualquier gestualidad que lesione la autoridad del actual binomio, desdeñando una posible renovación que es pedida a gritos por importantes sectores.

Esta situación viene prolongándose desde agosto del año pasado, cuando vencían los mandatos en la CGT y el gobierno a través del Ministerio de Trabajo decidió prorrogarlos en reiteradas oportunidades. La última resolución 133/21 de febrero de este año, dispuso una nueva prórroga para la realización de elecciones en los sindicatos de todo el país hasta el 31 de agosto. La medida se justifica en el marco de la emergencia sanitaria. Pero resulta evidente que, habiéndose postergado tanto las PASO como las elecciones generales, las elecciones en la central obrera volverán a prorrogarse por algunos meses más al concluir el plazo fijado por la mencionada resolución.

Sin embargo esa situación no impide que Hugo Moyano, uno de los más preocupados por ampliar su caudal de apoyos, siga desplegando puentes con otros sectores del movimiento obrero para una eventual contienda. En ese plan el líder camionero se reunió varias veces con Sergio Sasia quien construyó una línea interna denominada Sindicatos en Marcha por la Unidad Nacional (SEMUN) y que agrupa a varios dirigentes que se dispersaron luego del retiro de Omar Viviani. El objetivo de Moyano padre es colocar a Pablo al frente de la central. En el mismo sentido hace unos días, también por iniciativa del moyanismo, se produjo una reunión con el fin de agrupar a una nueva camada gremial de hasta 55 años; un plan que intenta congregar sectores distanciados de la central, y que permitan dar batalla a los “gordos”. En la reunión participaron unos 20 dirigentes gremiales entre los que destacaban Facundo Moyano (ex Peajes), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Ramón Muerza (Comercio).

Es importante que el gobierno comience a ofrecer algún tipo de señal a otros actores del movimiento obrero, actores que han resistido el ajuste, y que procuran para el futuro una mayor frescura no solo hacia dentro de las organizaciones, sino también hacia el conjunto de la sociedad. Una renovación sindical es urgente, empalma con los tiempos que corren, contribuye a la creación de una nueva legitimidad y promueve destellos de una luz que seguro augura un nuevo tiempo.

Es indudable el poder de la clase obrera para avanzar en un programa integral en beneficio de los sectores populares, pero también para enfrentar los intentos desestabilizadores que promueven las grandes corporaciones, principalmente la judicial, y la que conforman los grandes medios de comunicación. ¿Cómo lograr una reforma judicial en Argentina? ¿Cómo recuperar la hidrovía del Paraná y nuestra soberanía sobre la Cuenca del Plata? ¿Cómo dar los primeros pasos en desarrollar una empresa nacional de alimentos? ¿Cómo incorporar a millones de trabajadores de la economía informal al trabajo asalariado? ¿Cómo controlar el precio de los alimentos y limitar la especulación de los formadores de precios? ¿Cómo avanzar en una distribución del salario que beneficie al trabajo por sobre el capital? 

Las grandes transformaciones que requiere la Argentina se ejecutan desde el Estado. Pero deben gozar del acompañamiento social y, fundamentalmente, de la clase trabajadora si pretenden ser efectivas. La actual conducción de la CGT resulta incapaz de abordar esos desafíos y expresa una etapa felizmente superada de nuestra historia. Una muestra de ello ocurrió durante buena parte del confinamiento de 2020, cuando emergieron grupos anti cuarentena dispuestos a ganar la calle y amplificar su voz en el prime time de los noticieros con el objetivo de mellar a un gobierno que perdía iniciativa política. En ese marco, hubo sectores del movimiento obrero y de las organizaciones sociales que no dudaron, a partir de la mitad del mes de octubre del año pasado, en dar su apoyo también en las calles. Llevaron adelante movilizaciones masivas, cumpliendo con los protocolos sanitarios, y mostraron toda la vitalidad de quienes habían estado activos en la defensa de las y los trabajadores, bloqueando así la ofensiva de la derecha y permitiéndole al gobierno recuperar la agenda política. La “CGT Daer”, por el contrario, en esas semanas prefirió algunas notas periodísticas y participar de actos institucionales que lo tenían como invitado de manera virtual, fiel a su moderado estilo.

La “CGT Daer” en estos años tampoco ha cosechado grandes amistades en los movimientos sociales. El intento del autoexcluido Juan Carlos Schmid de incorporar a la central a los actualmente más de 2 millones de trabajadores de la economía popular, quizá una política calcada de una reivindicación histórica de la CTA. Ese número surge de las y los trabajadores inscriptos en el ReNaTEP y da cuenta por un lado del gran deterioro del empleo en nuestro país, pero también de la poca plasticidad de la CGT para abordar nuevas realidades. La propuesta fue rechazada inmediatamente, ya que encontró un límite absoluto entre los “gordos” quienes constituyen el soporte principal de la actual conducción.

Cabe destacar que el líder cgetista no parece gozar de un gran acompañamiento de las y los trabajadores de su propio sindicato de la Sanidad (ATSA) que cuenta con casi 200.000 afiliados y afiliadas. Si bien han sido (y siguen siendo) fundamentales para atravesar la actual crisis sanitaria, sus salarios no parecen expresar este hecho. El aumento conseguido para el periodo 2020-2021 que acaba de culminar en mayo fue del 36,1%. Lo cual implica un retroceso al considerar la inflación interanual de mayo por arriba del 48%.

Es un hecho que se necesite de otra conducción en la CGT, una conducción que tenga más que ver con la historia de lucha de los últimos años, y que exprese las demandas de las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras. Quizá la hibridez de hoy le ha servido al Ejecutivo para mantener una mayor tranquilidad, bajándole la intensidad a cualquier conflicto gremial que se hubiera suscitado en estos tiempos de pandemia, pero ese escenario debe cambiar radicalmente para poder ampliar los derechos de las mayorías populares. Sería inédito que un gobierno popular se apoye sobre el sector menos dinámico de la clase trabajadora para dar pelea por todo lo que aún falta. Alberto Fernández tiene la oportunidad de colaborar en la gestación de un cambio paradigmático al interior del movimiento obrero, dejando de lado algunos equilibrios que son más condicionantes que virtuosos. Y los trabajadores y trabajadoras que han (hemos) sabido dar batalla en todo momento frente a la derecha tendrán (tendremos) que empujar lo suficiente para que ciertas transformaciones se vuelvan realidad.