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La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires comenzará el tratamiento de una ley para actualizar el monto de las asignaciones familiares de los trabajadores y trabajadoras públicas, que permanecen congeladas desde 2013 por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Las asignaciones familiares percibidas por docentes, policías, personal de salud y administrativos de la Ciudad de Buenos Aires tras siete años sin aumentos, hace que, en la actualidad, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras cobren $270 pesos por la asignación por hijo.
La posibilidad de discutir el aumento de las asignaciones familiares surge luego de un fallo judicial que ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actualizar el valor estancado desde 2013.
La actualización fue ordenada hace un año a la gestión local por el juez Marcelo López Alfonsín, que consideró -tras una presentación de los gremios UTE y ATE- que el monto de las asignaciones era "irrisorio frente a los efectos inflacionarios y los aumentos del costo de vida".
La agencia de Noticias Télam informa que el proyecto fue analizado en la comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento porteño, por el subsecretario de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad, Sebastián Fernández, dispone la creación del Régimen de Asignaciones Familiares para el personal del Estado, entre ellos, unos 47.000 trabajadores de los sectores administrativo, docente, salud y policías, que están en condiciones de percibir el beneficio.
Los tramos establecidos de acuerdo a los ingresos van de $6.000 a $60.000 el primero, luego de $60.000 a $87.500 y el restante de $87.500 a $114.500, cifra que marca el tope máximo del salario en bruto de los trabajadores para recibir el beneficio, a excepción de la que contempla la asignación por hijo con discapacidad, en la que no regirá el techo.
Según informó Fernández, la iniciativa propone “un régimen de carácter progresivo” ya que se implementarán tres bandas ya predeterminadas en función del ingreso del beneficiario que hará que “aquellos con menores ingresos percibirán un monto mayor de asignación”.
Incorpora también "la asignación especial por violencia de género" que fija "el pago de una suma de dinero que se abonará por única vez, a la mujer o a la persona del colectivo LGBTIQ+ en el mes que acredite la denuncia judicial o policial".
Al respecto, la legisladora del Frente de Todos Lucía Cámpora pidió al bloque del oficialismo que se retire como requisito la presentación de una denuncia.
Por su parte, el legislador del FDT Santiago Roberto llamó a sus colegas a trabajar en el proyecto para que “las actualizaciones tengan más que ver con lo que viven los trabajadores” y advirtió sobre “la injusticia que podría recaer sobre los docentes que hacen doble turno", ya que -dijo- "en algunos casos quedarían fuera del beneficio por los topes previstos”.
En la misma línea, la secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, planteó que el anteproyecto girado por el Ejecutivo a la Legislatura "tiene un escalonamiento para el cobro de las asignaciones que hace que muchas compañeras que tienen dos cargos no van a llegar a tener la asignación, o cobrarían menos”.
Se tiene que hacer un proyecto que atienda las necesidades de los trabajadores porque hay un montón de cuestiones que perjudican derechos constitucionales”, advirtió en declaraciones formuladas a Télam en la puerta de la Legislatura porteña.
