Antesala de un nuevo contrato social

Los procesos de lucha entre el Capital y el Trabajo han tenido al tiempo como una de sus principales variables en su disputa histórica. Desde las primeras organizaciones de trabajadores ingleses que impulsaron la jornada de 10 horas (*), hasta la gran huelga del 1 de mayo de 1886 en los EEUU (**) que llevaron adelante los obreros y obreras del país del norte en reclamo de un día de trabajo de 8 horas y que derivó en los sucesos conocidos como de los “Mártires de Chicago”, el debate sobre la jornada laboral ha experimentado distintos momentos, pero ha estado siempre presente en las grandes revueltas obreras. Hoy, después de varias décadas, vuelve a ser un tema que requiere ser repensado en el contexto del avance de las nuevas tecnologías.

En el Capital, Carlos Marx dice: “….El tiempo durante el cual trabaja el obrero, es el tiempo durante el cual el capitalista consume la fuerza de trabajo que ha adquirido. Si el obrero consume para sí mismo el tiempo a su disposición, roba al capitalista”. Algo de esto parece haber comprendido el protagonista de “El ladrón de tiempo”, cuento de Dalmiro Sáenz, al reducir a espaldas del patrón la jornada laboral de sus compañeros y compensar con ese tiempo robado las monedas que les sustraía diariamente. Lo destacable en el cuento es que el tiempo tiene un solo propietario: el dueño de la fábrica. 

Una nueva configuración de la jornada laboral requiere otra relación entre el Capital y el Trabajo. Para los que creemos que es una necesidad reducirla, quizá no se trata de “robar” sino de construir un nuevo contrato social que deberá sortear varios obstáculos. ¿El principal?, que los empresarios adopten una medida de tamaña envergadura.

En el mundo, desde hace algunos años, ya se alzan varias voces que plantean reducir la jornada de trabajo:

• La experiencia piloto implementada en España en varias empresas busca reducir la jornada laboral a 32 horas, es decir 4 días a la semana, lo que implicaría extender un día el fin de semana.
• En Alemania el sindicato IG Metall que agrupa a unos 2.3 millones de trabajadores ya habían propiciado una medida similar en el 2018 reduciendo la jornada laboral con la patronal Südwestmetall durante un plazo de dos años. Cabe destacar que en 1995 la IG Metall había logrado imponer las 35 horas semanales en la industria.
• En la ciudad de Gotemburgo, Suecia, se implementó hace unos años una jornada de 6 horas diarias en el sector de cuidados de ancianos. Durante los primeros 18 meses del ensayo las y los enfermeros que trabajaron menos horas registraron menos licencias por enfermedad y reportaron mejores condiciones de salud aumentando su productividad y organizando un 85% más de actividades para sus pacientes.
• En mayo del año pasado la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern señaló que consideraba establecer una jornada laboral de cuatro días con el objetivo de promover el turismo doméstico y reactivar la economía luego de que el pequeño país logro vencer la propagación del COVID en su territorio.

Estos debates se han profundizado no solo por los nuevos avances científicos y tecnológicos, que reducen los tiempos de producción y mecanizan un sinfín de tareas, sino porque la pandemia ha dejado al descubierto la profunda crisis económica mundial, que provocó un crecimiento del desempleo, y evidenció la falta de condiciones de ambiente y salubridad en los sectores de trabajo.

Recientemente en Chile diputados de centroizquierda presentaron en el Congreso un proyecto que propone reducir la semana laboral a cuatro días, en busca de “cambiar el paradigma” laboral y mejorar la salud física y mental de los empleados. La fórmula busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales en un inicio, y a 38 en el quinto año de su implementación. Actualmente, la jornada de trabajo es de 45 horas semanales. La iniciativa fue presentada hace pocos días por la diputada de izquierda Camila Vallejos.

También en Colombia el debate ha tomado estado legislativo. El proyecto que comenzó a discutirse los primeros días de junio tiene como objetivo reducir de manera progresiva la jornada laboral, sin afectar los salarios. Si la ley se aprueba el primer año bajarían a 45 las horas semanales, el segundo año a 42 horas, y el tercero llegarían a las 40 horas. El proyecto, por supuesto, ha sido rechazado por los empresarios del país y por el propio gobierno, al considerar que la medida aumentaría los costos laborales y generaría obstáculos para la formalización de nuevos empleos.

Algo similar sucede en la Argentina, donde ya existen dos proyectos de ley con estado parlamentario. Uno es el de Claudia Ormaechea, que además de diputada es secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria. La iniciativa de Ormaechea propone reducir la jornada laboral a “seis horas diarias o treinta y seis semanales” tanto para el sector público como para el privado. El otro proyecto es el de Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA-T, quien plantea que “la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas aunque no persigan fines de lucro”. Ambos proyectos parten de la premisa de reducir la jornada de trabajo, sin achicar los salarios. Una regulación en este sentido permitiría una mejor distribución del empleo, más aun teniendo en cuenta que la Argentina es uno de los pocos países que todavía conservan jornadas laborales legales de 48 horas semanales, por arriba de varios países de la región como Chile y Brasil.

Estas voces en el Congreso tienen su correlato en la dirigencia gremial. Hace unos días el líder de La Bancaria, y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, Sergio Palazzo, reclamó el tratamiento del proyecto que presentó la mencionada Claudia Ormaechea para aumentar las posibilidades de empleo digno para quienes no lo tienen, en las circunstancias actuales. Palazzo dijo en un comunicado que “como siempre ha sostenido el movimiento sindical, no puede caber duda que los beneficios de la incorporación de tecnología deben concretarse no sólo en favor de las empresas, sino también en favor de los trabajadores con una mejor distribución del empleo y del tiempo para sus actividades personales y necesidades familiares, como el estudio o las tareas de cuidado”, y recordó que ya hace 75 años que la jornada laboral bancaria es de 7:30 horas y muchos cambios se han producido desde entonces.

Roberto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados, sindicato que ya hace varios años logró una jornada diaria de 6 horas para las y los trabajadores del Subte, es una de las figuras más autorizadas para encabezar la campaña que lleva como consigna "Trabajar menos para que trabajemos todos". Pianelli reflexiona sobre aquella idea de que eran necesarias 8 horas para producir, 8 horas para descansar, y 8 para recrearse. En su opinión, esa idea responde a otra etapa del desarrollo de las fuerzas productivas. Hoy se necesita mucho menos tiempo para producir una mercancía.

En la misma línea el abogado laboralista Héctor Recalde en una entrevista para la agencia Télam manifestó recientemente que la pandemia debería representar una “oportunidad” para discutir diferentes cuestiones del mundo del trabajo, como la reducción de los turnos o de la semana laboral, en sintonía con lo que vienen haciendo otros países del mundo.

Está claro que se avecina una nueva disputa que deberán encabezar las y los trabajadores por la reducción del tiempo de trabajo. Una nueva temporalidad, que de ningún modo debe ir en desmedro de los derechos laborales conquistados. Una medida de estas características debería ser impulsada por las centrales obreras como parte de un programa que empiece a delinear el futuro del trabajo en nuestro país.

Redistribuir el empleo no solo sería beneficioso para el conjunto de la sociedad, dado que habría mayor ocio productivo, y por lo tanto un mayor desarrollo de aspectos como la cultura la ciencia, el arte, etc. También permitiría aumentar el empleo formal generando puestos de trabajo para miles de trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran excluidos.

Actualmente en la Argentina hay casi dos millones de trabajadores de la llamada Economía Popular, según el Registro oficial. Y un informe de la OIT del año 2013 estimaba que la informalidad en el mercado laboral argentino afectaba a alrededor del 44% del total de los ocupados. Si bien no hay un consenso sobre cómo medir la precariedad laboral, un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) del año pasado, señala que entre 2010 y 2019 aumentó levemente el porcentaje de trabajadores sin aportes al Sistema de Seguridad Social, al pasar de 47.7% a 50.1%, y respecto a quienes se encuentran en riesgo de desempleo el informe arroja un 28.3%. Estas cifras son alarmantes, porque dan cuenta que alrededor de 8 millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran en estado de informalidad o vulnerabilidad en el empleo.

Un nuevo contrato social entre empresarios y trabajadores con fuerte acompañamiento del Estado para iniciar experiencias concretas que impliquen la reducción de la jornada laboral, en algunos sectores, como en la administración pública, el ámbito de la salud y el de algunas empresas de servicios, podrían ser políticas que vayan en este sentido. “Trabajar menos para que trabajemos todos" debería ser el lema que oriente las batallas del futuro de nuestra joven pero experimentada clase trabajadora.

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