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Las detenciones buscaban "romper el movimiento social" de protesta, expresó el colectivo, representado por Coline Bouillon, Aïnoha Pascual, Raphaël Kempf y Alexis Baudelin, en una rueda de prensa en París.
Según los abogados, esto supone un "ataque arbitrario a la libertad de las personas".
Las denuncias presentadas ante el tribunal de París incluyen atentado arbitrario a la libertad individual por parte de un funcionario depositario de la autoridad pública, la no intervención para impedir una privación de libertad y la obstaculización de la libertad de manifestación.
"En una democracia, es inaceptable", expresó Baudelin.
Las protestas, que empezaron hace tres meses, se radicalizaron a partir del 16 de marzo, tras la adopción de la reforma por decreto.
Después de eso, los manifestantes quemaron contenedores y mobiliario urbano, además de enfrentar a la policía, que reprimió con dureza y detuvo a 292 personas, de las cuales 283 quedaron en libertad sin cargos.
Entre los detenidos había dos adolescentes austríacos de viaje en París e incluso un hombre que hacía deporte, informó la agencia de noticias AFP.
Desde entonces, sindicatos de abogados, de magistrados, ONGs de derechos humanos como Amnistía Internacional, partidos de izquierda, e incluso el Consejo Europeo alertaron contra la actuación policial.
"Los actos esporádicos de violencia de algunos manifestantes y otros actos reprensibles de otras personas durante una protesta no pueden justificar el uso excesivo de la fuerza", advirtió el Consejo Europeo.
El Consejo Constitucional debe pronunciarse el 14 de abril sobre la validez de la reforma jubilatoria de Macron, a la que se oponen dos de cada tres franceses, según los sondeos, y que abrió una crisis política y social en el país.
