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"Es la medida que más desea y valora el conjunto de los españoles, voten a quien voten", afirmó Díaz, quien reconoció que será una política difícil de defender y que requerirá esfuerzo e inteligencia para su aprobación en el Parlamento.
La iniciativa, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, no cuenta con el respaldo de la patronal CEOE, que ha expresado su rechazo y advierte sobre el impacto negativo en pymes y sectores específicos.
El proyecto de ley también incluye el derecho a la desconexión digital, estableciendo que los trabajadores no estarán obligados a responder comunicaciones fuera de su horario laboral, y la regulación del registro de jornada, que será digital y accesible para inspecciones laborales.
Además, se contemplan sanciones por incumplimientos en el control de jornada, con multas que pueden oscilar entre 1.000 y 10.000 euros por trabajador afectado, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Se estima que alrededor de 12 millones de trabajadores se beneficiarán de esta reforma laboral, especialmente aquellos no cubiertos por convenios colectivos en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.
La vicepresidenta Díaz ha hecho un llamado a los grupos parlamentarios para convertir esta propuesta en una realidad legislativa, destacando que la medida busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y repartir la productividad de manera más equitativa.
El Gobierno espera que la nueva jornada laboral entre en vigor antes de fin de 2025, a menos que sea modificada durante su trámite parlamentario.
