La visita de la la Misión Tripartita de Alto Nivel (HLTM, por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a Filipinas fue una excelente oportunidad para visibilizar la situación del movimiento obrero en el país. Entre el 23 y el 26 de enero los miembros de la delegación internacional se reunieron con funcionarios gubernamentales, representantes empresariales y dirigentes sindicales.
El objetivo de la HLTM fue evaluar el cumplimiento del Convenio 87 de la OIT que estipula el libre derecho a la organización sindical. Si bien su visita había sido recomendada en 2019, necesitaba de la aprobación del gobierno del país anfitrión.
El ex mandatario de Filipinas, Rodrigo Duterte (2016-2022), fue siempre reacio y tuvo en la pandemia la excusa perfecta para postergar la llegada de los observadores de la OIT. Sin embargo, tras los reclamos internos y externos -y con un cambio de presidente en el medio- la visita se llevó a cabo.
Los datos de la represión
El Workers Group de Filipinas es una alianza que reúne a los principales sindicatos y federaciones obreras del país, así como también a otras organizaciones de carácter político. Entre ellas se destacan el Bukluran ng Manggagawang Pilipino (Solidaridad de los trabajadores filipinos); la Federación de Trabajadores Libres; el Kilusang Mayo Uno (KMU, Movimiento Primero de Mayo); el Centro Nacional de Sindicatos de Filipinas; el Partido Manggagawa (Partido de los Trabajadores); el Sentro ng Nagkakaisang Progresibong Manggagawa (Centro de Trabajadores Unidos y Progresistas); y el Congreso de Sindicatos de Filipinas.
Este agrupamiento presentó un informe citado por Asian Labour Review en el que denunció que desde 2016 fueron asesinados 68 sindicalistas, dos resultaron desaparecidos, hubo 68 arrestos y 90 casos de desafiliación forzada. A esto se suman 127 casos de intimidación y hostigamiento; y 58 casos de "red-tagging" o etiquetado rojo.
Esta última herramienta represiva merece una mención especial: se trata de un resabio de la Guerra Fría que permite la inclusión arbitraria en listas negras de ciudadanos y ciudadanas sospechosos de simpatizar con el comunismo.
“Estas fallas institucionales están marcadas por oleadas periódicas de formas extremas de represión sindical, incluidos asesinatos, acoso violento e intimidaciones infligidas a los sindicalistas”, aseguraron.
Dictadura, resistencia sindical y neoliberalismo
Estos hechos no son novedosos en el país. La dictadura pro-occidental de Ferdinand Marcos (1965-1986) estuvo marcada por la represión interna contra todo tipo de forma de protesta u organización. Las huelgas estaban prohibidas, los sindicatos intervenidos y durante su gobierno se estableció -entre otras- la norma que permitía a los empresarios no regularizar a sus trabajadores y mantenerlos con contratos temporales. De hecho el Código Laboral establecido durante los años del dictador permanece hasta la actualidad.
A pesar de esto, el movimiento obrero fue uno de los principales pilares de resistencia a la dictadura. En 1975, bajo la Ley Marcial, se dio un hito histórico para la clase trabajadora filipina: la huelga de La Tondeña, la destilería más grande de Asia en aquel entonces. Tras el conflicto, estallaron más de 200 huelgas en todo el país.
En 1980, varios sindicatos se unieron para fundar el KMU, otro actor clave de la resistencia a la dictadura y responsable de su caída en 1986.
Con la llegada de la democracia se abrió una etapa de mayores libertades pero que coincidieron con el proceso de auge neoliberal a nivel mundial. La organización y afiliación sindical se redujo durante la década de 1990 de la mano de la precarización laboral, la concentración de fábricas en zonas económicas especiales y políticas explícitas de prohibición y persecución de sindicatos.
Con este marco, en 2009 la OIT envió una delegación a investigar 80 asesinatos de dirigentes sindicales; casi todos los crímenes quedaron impunes. En 2017 la situación había variado muy poco y otra misión denunció las violaciones en la aplicación del Convenio 87.
Según un informe del Departamento de Trabajo y Empleo de Filipinas, en 2012 la tasa de sindicalización del sector público era del 14,9% y en el sector privado del 8,5%. Diez años después los porcentajes bajaron a 11,4% y 7,4% respectivamente. ¿Qué sucedió en el medio?
La excusa de la lucha contra las drogas y el comunismo
A pesar de las advertencias de la OIT la situación empeoró durante la presidencia de Duterte, que sentó las bases de un esquema represivo mucho más extenso que afectó al mundo sindical. Famoso por su campaña contra las drogas en las que dio protección legal a los agentes de seguridad para asesinar a presuntos narcotraficantes, el presidente también creó en 2018 la National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC): un grupo de tareas especial para combatir a la guerrilla comunista del país.
Sin embargo, bajo la fachada de la guerra contra el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) -brazo armado del Partido Comunista de Filipinas- y con ayuda del red-tagging, muchos activistas fueron acusados de ser parte de la insurgencia, perseguidos, agredidos, encarcelados o asesinados.
El caso más resonante fue la llamada "Masacre del Domingo Sangriento" el 7 de marzo de 2021. Ese día se realizaron operativos simultáneos en diferentes provincias con allanamientos de viviendas y locales que resultaron en 9 muertos. Entre los asesinados se encontraba el dirigente sindical Manny Asunción.
Según los miembros de las fuerzas de seguridad le dispararon cuando intentó resistirse. Sin embargo su esposa declaró que lo vio vivo por última vez acostado boca abajo mientras un oficial de policía le apuntaba con un arma. El Departamento de Justicia desestimó los cargos de asesinato contra los 17 agentes policiales involucrados por “falta de pruebas”. La decisión se hizo pública el 16 de enero, diez días antes de la llegada de la misión de la OIT.
¿Y ahora qué, señor presidente?
En 2022 la familia de Marcos volvió al gobierno de la mano de Ferdinand Jr. Conocido como “Bongbong”, el hijo del dictador se impuso cómodamente en las elecciones tras realizar una alianza con su predecesor. De hecho Sara Duterte, la hija del ex mandatario, es su actual vicepresidenta.
El cambio de nombre no supone, a priori, grandes cambios de políticas. Bongbong prometió continuar la guerra contra las drogas y el NEP. Además, su campaña se basó en exaltar los tiempos dictatoriales de su padre.
A pesar de esto los sindicatos filipinos no perdieron la oportunidad de interpelarlo tras la visita de la OIT con una campaña titulada “What now, Mr. President?” (¿Y ahora qué, señor presidente?). Es que el informe de la HLTM fue contundente: destacó la persistente violación del derecho de los trabajadores a la libertad sindical; cuestionó la injerencia de militares y policías en las actividades sindicales y las relaciones laborales así como la vinculación infundada del movimiento sindical a la insurgencia armada; asimismo apuntó que las violaciones a los derechos laborales no resueltas contribuyen al clima de impunidad e hizo un llamado a un “diálogo social genuino” recomendando una “acción impulsada por el presidente” para abordar las violaciones al derecho de organización y asociación de las y los trabajadores.
Por su parte la Confederación de Empleadores de Filipinas y la Cámara de Comercio de Filipinas firmaron un acuerdo con Nagikaisa (Unidos), la coalición sindical más grande del país, en el que recomendaron la creación de una Comisión Presidencial para promover la libertad sindical y una Comisión de la Verdad para los sindicalistas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Las organizaciones sindicales interpelaron al gobierno filipino filipino sobre cómo abordará las críticas y recomendaciones de la OIT e iniciaron una cuenta regresiva de cara a la Conferencia Internacional del Trabajo de la organización a realizarse en junio de 2023 en Ginebra, Suiza.
