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Según informaron desde UTEP, la jornada incluyó cortes simultáneos en lugares como Puente Pueyrredón, Autopista Buenos Aires–La Plata, Puente La Noria, Ruta 3, Av. General Paz y Puente Saavedra, entre otros puntos neurálgicos del Área Metropolitana. A nivel nacional, se registraron movilizaciones en ciudades como Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy y Mendoza, entre otras.
Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de UTEP, volvió a cuestionar con dureza el proyecto de reforma: “se está avanzando en una reforma laboral a espaldas del pueblo trabajador, que significa un retroceso para los trabajadores que hoy tienen derechos y una invisibilización total de los más de 9 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular” que “remar todos los días contra una política económica que importa cartón, alimentos y textiles, destruyendo las pocas herramientas de rebusque que tiene nuestro pueblo”. Añadió que “necesitamos que se reconozca nuestro trabajo” mediante un estatuto propio, “un paso necesario para registrar una Argentina que la política hace rato que no ve”.
Para los manifestantes, la reforma laboral no solo amenaza con precarizar aún más las condiciones de quienes trabajan en negro o en economía informal: también cuestionan la decisión del gobierno de congelar el Salario Social Complementario (SSC) en 78.000 pesos desde diciembre de 2023, así como la intención de “desacoplar” la Asignación Universal por Hijo (AUH) del mecanismo de movilidad previsional, lo que implicaría que ese beneficio pierda actualización automática en un contexto inflacionario.
Además, advierten que la suspensión de obras públicas en más de 5.000 barrios populares, la apertura indiscriminada de importaciones —que afecta el trabajo de cartoneo, agricultura familiar y producción textil—, y lo que describen como creciente “violencia institucional” contra trabajadoras y trabajadores del espacio público, exacerban el malestar social. Desde la UTEP sostienen que esos factores no solo desarticulan comunidades enteras, sino que “abren el camino al avance del narcotráfico, que se convierte en prestamista de última instancia para la comunidad”.
Entre los pedidos centrales, el sector exige la continuidad y el aumento inmediato del Salario Social Complementario, la reanudación de la actualización automática de la AUH, un bono de fin de año para trabajadores informales y de la economía popular, y obras de infraestructura para barrios vulnerables. Reclaman, además, el reconocimiento formal del trabajo que realizan millones de personas, a través de la creación de un estatuto que regule la economía popular.
