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La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y alcanzará a unas 5.000 personas. El proceso contempla una transición de hasta un año, período en el cual se irá desactivando el sistema actual.
Según se informó, el nuevo programa busca pasar de un modelo asistencial a uno orientado a la autonomía económica, con eje en el trabajo y la formación. En ese sentido, se eliminarán intermediarios y los pagos se realizarán de manera directa a los beneficiarios, con mayores controles sobre los requisitos de acceso y permanencia.
Durante la revisión del esquema vigente, el Gobierno detectó irregularidades en más de 1.200 casos y resolvió dar de baja convenios existentes, en un sistema que demandaba alrededor de 10 mil millones de pesos anuales.
El nuevo plan se estructura sobre cuatro ejes principales: la capacitación obligatoria, un plazo máximo de permanencia de 12 meses, la articulación con el sector privado para facilitar la inserción laboral y la definición de criterios claros de elegibilidad.
Además, se prevé la participación de empresas, cámaras empresariales y universidades, con el objetivo de generar instancias de formación y prácticas laborales. El cumplimiento de estas actividades será condición necesaria para mantener el beneficio, que será retirado en caso de incumplimiento.
Desde el Ejecutivo porteño señalaron que la iniciativa apunta a dejar atrás un esquema de asistencia prolongada y a promover la inserción laboral como salida estructural, en línea con un discurso que enfatiza la eliminación de intermediarios y el fortalecimiento de la cultura del trabajo.
