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La medida responde a la disolución de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dispuesta previamente mediante el Decreto 3/2025.
El personal afectado, que contaba con estabilidad laboral adquirida, estará en disponibilidad por períodos de 6 meses, 9 meses o un año, dependiendo del caso. Según el texto oficial firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la decisión se enmarca en el régimen de estabilidad definido por la ley 25.164, que establece que el personal en exceso debido a reestructuraciones queda automáticamente en esta condición.
Un nuevo golpe al empleo público
Esta disposición agrava el impacto del ajuste estatal, que ya dejó sin trabajo a 35.936 empleados públicos entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Además, en la misma semana, el Ministerio de Salud no renovó 1.400 contratos, medida que fue celebrada por el presidente Javier Milei en redes sociales: “Sigue la motosierra. Viva la libertad, carajo”.
Desde los gremios, no tardaron en expresar su preocupación. Una fuente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que estas decisiones "son parte de un desguace sin precedentes del Estado". Además, afirmaron: "Están dejando sin sustento a cientos de familias en nombre de un ajuste que atenta contra los derechos laborales y la calidad de los servicios públicos".
Detalles del régimen de disponibilidad
El texto oficial recordó que el régimen de disponibilidad fue aprobado originalmente por el Decreto 1421/02 y actualizado en agosto pasado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Este prevé que el personal en disponibilidad no puede ser asignado a nuevas funciones ni hacer uso de licencias sin goce de sueldo, limitando significativamente su margen de maniobra laboral.
El Gobierno justifica estas acciones como parte de un plan para "reducir el gasto del Estado", aunque desde distintos sectores señalan que los recortes afectan áreas críticas para la administración pública.
Reacciones de los trabajadores
"Es inaceptable que nos traten como números prescindibles", expresó uno de los trabajadores afectados, que pidió no ser identificado. Otro agregó: "Nos enteramos de la disponibilidad por la publicación oficial, sin previo aviso ni alternativas reales para reubicarnos".
Mientras tanto, los gremios analizan posibles medidas de fuerza en defensa de los derechos de los trabajadores públicos. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras siguen avanzando con estas políticas destructivas", advirtió un delegado sindical.
