Rubén Ramos, Secretario General de AGAE, remarcó que “el papel de las organizaciones gremiales consiste, primariamente, en la defensa de un trabajo digno y de un salario asequible al bienestar en el marco de una mesa de diálogo. Resignar de antemano posibles mejoras no contribuye al logro de esos objetivos primarios”.
“Frente a esta inusitada actitud, vale repasar algunos números: al 1º de octubre de este año, la inflación acumulada alcanza el 37,7% y los incrementos salariales percibidos desde el 1º de enero (ya abonados en su totalidad con los sueldos de septiembre) resultaron ser del 28%”, explicaron desde AGAE.
“La inflación interanual de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 resultó ser del 53,5% contra 34% de aumentos salariales en el mismo período, arrojando una caída nominal del 19,5%. No obstante, la pérdida del poder adquisitivo supera con creces el 20%, si tomamos en cuenta que, mientras los aumentos salariales no son acumulativos, el índice inflacionario impacta mes a mes”, argumentó Ramos.
En esta línea, el Secretario General de los abogados del Estado afirmó que “no es un gran descubrimiento que la situación que debe enfrentar el gobierno entrante es ‘muy difícil’, como que también lo fueron las del gobierno saliente durante todo su mandato, debido a políticas económicas que despreciaron el trabajo como ordenador y movilizador social y que contaron con débil o nula resistencia por parte de cierta dirigencia sindical que dice representar los intereses de los agentes del Estado”.
“No se nos escapa que la situación social reviste ribetes en muchos casos dramáticos a niveles de subsistencia, a los que el gobierno entrante deberá atender con urgencia. Pero también es cierto que dentro del colectivo estatal, la mayoría de los trabajadores perciben salarios por debajo del nivel de pobreza”, agregó el sindicalista.
“Una y otra cuestión corresponde abordarla a las autoridades gubernamentales, fijando las prioridades y adoptando las decisiones que estime necesarias en su rol de gobierno”, concluyó Ramos.
