ADUNA en estado de alerta y movilización ante el ataque de Javier Milei a la Universidad Pública

Un nuevo paradigma político y cultural se abate sobre el pueblo argentino con una velocidad que no sorprende, pero que aturde por su rapacidad. De un zarpazo corrió el horizonte de lo decible a un terreno de lo político donde la violencia, el odio, el racismo, la discriminación, la homofobia y la persecución política son la norma. El objetivo principal, es desregular, liberalizar y extranjerizar la economía, entregando los grados de autonomía nacional, que con tanto esfuerzo nuestro pueblo había recuperado desde el año 2003. En este nuevo paradigma, no importa que el objetivo se alcance a costa de convertirse en un gobierno autoritario.

El gobierno de Milei viene a consolidar la estructura económica de la Argentina dependiente, generando un verdadero loteo del territorio nacional y sus bienes naturales para entregarlos al mejor postor. Desde el primer momento ha identificado como su principal enemigo a la clase trabajadora y sus organizaciones. En la demonización de los sindicatos y el impulso de nuevas regulaciones laborales está el viejo anhelo de la oligarquía argentina: un pueblo dócil que agache la cabeza ante las injusticias y acate las órdenes sin chistar.

Tras el fallido tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, el propio presidente sostuvo, en un primer momento, que la misma no hacía falta, ya que considera que el propio sistema político le permite avanzar en reformas y ajustes sin necesidad de tener que pasar por el Congreso Nacional. Posteriormente, al abrir el período de sesiones ordinarias del congreso nacional, convocó a un Pacto de Mayo, extorsionando al resto de las representaciones a volver a tratar, y aprobar, la ley ómnibus y el Decreto N° 70 que sigue en vigencia. No se privó de ratificar que, si la oposición no acepta sus condiciones, va a gobernar por Decreto. De ese modo y en nombre de la “libertad”, la libertad pierde terreno. 
Sabe el presidente Milei que su propuesta restringe a la democracia en todos sus niveles, pero para justificar su régimen necesita dar, como el mismo lo definió, una “batalla cultural” que revierta la historia de los últimos cuarenta años de democracia. En ese terreno donde viene desplegando su mayor ofensiva, interviniendo los medios públicos y desfinanciando el sistema educativo en su conjunto. 

La ofensiva contra la educación

El ataque a las instituciones democráticas, que tiene su reflejo en el desfinanciamiento educativo y en el ensañamiento contra los trabajadores y sindicatos de la educación, no es casual. Sabe que atacando a la educación corroe deliberadamente a la democracia; desde su perspectiva ideológica, educar para fortalecer la democracia, es adoctrinar.

Cierra la paritaria docente ofreciendo un 6% al mes de febrero, con una inflación acumulada desde diciembre que supera holgadamente el 70% (25,5% en diciembre, 20,6% en enero y estimaciones dan 15% para febrero), trasladándole a las provincias la responsabilidad de otorgar o no aumentos; del mismo modo, desfinancia a la educación desfinanciando a las provincias, clausurando cualquier prórroga al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), recursos monetarios que el estado nacional le transfería a las provincias, ininterrumpidamente desde 1998 con diferentes gobiernos, para mejorar los salarios docentes.

El desfinanciamiento universitario

El congelamiento del presupuesto universitario a valores del año 2023 no sólo desconoce la inflación interanual del 254,2% a enero de 2024, sino que deja a la mayoría de las universidades con la capacidad operativa de dar clases hasta el mes de mayo. La situación en nuestra Universidad Nacional de Avellaneda no es mejor, ya que, de los recursos disponibles según explicó el Rector Jorge Calzoni, al ser invitado por ADUNA a una asamblea donde asistieron más de 200 compañeros, alcanzan hasta el mes de abril.

A su vez, mientras se anuncia el final de las paritarias entre centrales sindicales y representantes de la Secretaría de Educación, se vale de un artilugio legal desempolvando el decreto 1007 firmado por Menem en el año 1995 que habilita una negociación paritaria entre Rectores y Sindicatos de base, es decir, las paritarias locales deberían resolver sueldos tanto docentes como No docentes. Este artilugio, sin dar aumento presupuestario a las Universidades, no solo intenta esquilar la imagen tanto de los Rectores, como de los dirigentes sindicales ante las bases, sino que desgrana la construcción de unidad de los trabajadores que ha sido, y claro que seguirá siendo, bandera de lucha de la comunidad educativa Argentina.

Buscan empujar a las universidades públicas hacia su cierre o privatización, expulsando a centenares de miles de estudiantes del sistema universitario.  Ya dispuso la intervención de cinco universidades de reciente creación para su posterior cierre, anulando a su vez los nombramientos de los rectores organizadores. Estas universidades son: la Universidad Nacional de Ezeiza, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional de Rio Tercero y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

En defensa de la Universidad Pública

En este escenario tan complejo para el pueblo argentino, nos toca pensar la defensa de nuestras casas de estudio, sabiendo que en ellas se juegan el futuro la generación de millones de argentinos. Entendemos que el gobierno está apostando a que sea el propio sistema universitario el que se encargue de vaciar las universidades y que la salida de la crisis que nos impone el gobierno sea la privatización.

Nuestro reclamo como trabajadorxs de las universidades públicas no será a costa de dejar las aulas vacías. Por el contrario, nuestra pelea es por mantener las aulas llenas en todas nuestras jornadas de lucha. No somos la casta.

Sólo desde la unidad de los distintos claustros, en la acción coordinada del movimiento estudiantil, de trabajadorxs no docentes y docentes, que se logrará revertir el régimen oprobioso que nos propone el gobierno de Milei.

Por ello seguimos exigiendo al gobierno nacional que resuelva inmediatamente la situación salarial de nuestrxs trabajadorxs docentes y no docentes, que actualice los presupuestos universitarios con valores que incorporen las variaciones de precios de los insumos que utiliza la comunidad universitaria para desarrollar sus tareas, y así garantizar el funcionamiento operativo de nuestras universidades; que mantenga los programas de inversión en infraestructura y becas para docentes y estudiantes; ampliar el presupuesto nacional para el continuo desarrollo en investigaciones en ciencia, tecnología y extensión universitaria.

Sabemos que estamos en un momento difícil. Como siempre, convocamos a todos nuestros afiliados a defender la Universidad popular, territorializada y de lxs trabajadores. Sólo el pueblo salvará al pueblo, es nuestro deber organizarnos, resistir y construir la alternativa política que pueda devolverle al pueblo argentino la esperanza de una patria justa, libre y soberana.

Comisión Directiva ADUNA