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Según el documento, el sistema atraviesa una “crisis grave”, que en algunos casos se vuelve “casi terminal” debido a la imposibilidad concreta de sostener servicios asistenciales básicos. En ese contexto, se registran obras sociales dadas de baja, otras declaradas en situación de crisis y algunas intervenidas, lo que evidencia el deterioro estructural del sistema.
Uno de los principales problemas señalados es el desfasaje entre ingresos y costos. Mientras la recaudación promedio por beneficiario alcanza los $67.525, el costo estimado del Programa Médico Obligatorio (PMO) ronda los $85.000 per cápita. Esto implica que el sistema recauda cerca de un 25% menos de lo necesario para cubrir las prestaciones básicas.
El impacto es masivo: más de 11 millones de beneficiarios —el 78,5% del padrón— no cuentan con financiamiento suficiente para garantizar las prestaciones obligatorias. A su vez, unos 9 millones de afiliados se ubican por debajo del promedio de recaudación, lo que agrava aún más la inequidad interna.
Ante esta situación, muchas obras sociales dependen del auxilio económico de los sindicatos para evitar la cesación de pagos. La crisis también repercute en la calidad del servicio: se registran demoras en la atención, caída en la cadena de pagos a prestadores y creciente malestar entre los afiliados.
El informe también advierte sobre la pérdida del poder adquisitivo en el acceso a medicamentos. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, la capacidad de compra de medicamentos ambulatorios cayó en promedio un 49%, tendencia que continúa hasta la actualidad.
Otro factor de presión es la incorporación de monotributistas al sistema, cuyos aportes —alrededor de $20.000— resultan significativamente inferiores al costo del PMO. Según la CGT, esto genera un “agujero financiero”, agravado por el hecho de que muchos ingresan con mayores necesidades de atención médica.
En paralelo, se cuestiona el esquema de financiamiento para jubilados: las transferencias que reciben las obras sociales desde el PAMI ($48.269 per cápita) están muy por debajo de lo que el organismo recauda, generando un desbalance que no es compensado con prestaciones adicionales.
El documento también señala distorsiones en la facturación de hospitales públicos, especialmente en algunos distritos, donde se aplican valores superiores a los del sector privado y sin mecanismos adecuados de control o autorización previa, lo que deriva en conflictos y judicialización de deudas.
Finalmente, la CGT critica la distribución de subsidios por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, al considerarla inequitativa, y advierte sobre el progresivo vaciamiento del Fondo Solidario de Redistribución, afectado tanto por el aumento de prestaciones como por recientes cambios normativos que redujeron los aportes de los salarios más altos.
