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La acción judicial, presentada ayer, quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, a cargo del juez Santiago Ricardo Carrillo.
Según ATE Capital, el sistema de evaluación es "ilegal e inconstitucional", ya que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores estatales y contradice disposiciones vigentes de los convenios colectivos de trabajo del sector público. Además, señalaron que el SEP "carece de transparencia, imparcialidad y garantías legales", y promueve "una lógica de exclusión y precarización laboral".
Desde el gremio cuestionaron que el sistema contradice principios de evaluación progresiva e inclusiva establecidos en los convenios colectivos, lo que consideran una violación directa a normas clave de empleo público.
Ante esta situación, ATE Capital solicitó a la justicia la suspensión inmediata de la implementación del SEP hasta que se dicte una sentencia definitiva. Asimismo, pidieron que se declare la inconstitucionalidad y nulidad tanto del SEP como de las modificaciones al marco normativo introducidas por el Decreto 695/2024.
"Los funcionarios pasan, los estatales sostenemos el engranaje del país. Seguiremos luchando contra políticas que vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores estatales", afirmó el gremio en un comunicado.
