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Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital denunciaron que la medida obliga a los empleados públicos a utilizar sus propios celulares, computadoras o tablets para registrar la jornada laboral mediante GPS, lo que consideran una “violación flagrante de derechos constitucionales”.
El sistema, impulsado por la gestión del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, exige que los trabajadores carguen previamente sus domicilios, franjas horarias y ubicaciones laborales, y que registren el presentismo desde sus dispositivos personales con geolocalización activa.
Desde el sindicato informaron que el área legal envió una carta documento a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda porteño para exigir la suspensión inmediata del sistema y reclamar que cualquier modificación en los mecanismos de control de asistencia sea discutida en paritarias.
Según ATE Capital, la medida implica un monitoreo permanente sobre datos sensibles de los trabajadores. “El sistema accede a información personal del dispositivo y permite conocer la ubicación en tiempo real y los movimientos cotidianos, convirtiendo el teléfono privado en una herramienta de vigilancia”, señalaron desde el gremio.
La secretaria de Comunicación de ATE Capital, Romina Piccirillo, cuestionó además que el Estado obligue a los empleados a usar recursos propios para cumplir con el control laboral. “Nadie puede garantizar el 100% de operatividad de un dispositivo personal. Fallos de batería, falta de señal GPS o incluso el robo del celular —algo común en trabajos de campo— pueden generar ausencias y descuentos automáticos injustificados”, advirtió la dirigente.
Para el sindicato, esta exigencia constituye una transferencia de costos hacia los trabajadores, ya que implica el uso de datos móviles, batería y conectividad sin que el Estado provea equipamiento ni compensación económica.
ATE también alertó que el sistema no contempla la dinámica real de muchas tareas estatales, especialmente en áreas sociales y sanitarias donde el trabajo se realiza fuera de oficinas y con situaciones cambiantes. “Obligar a prever ubicaciones con días de anticipación obstaculiza el trabajo efectivo. Muchos compañeros realizan visitas domiciliarias, intervenciones en hospitales o acompañamientos urgentes a personas en situación de vulnerabilidad”, explicó Piccirillo.
Desde el gremio recordaron que ya hubo antecedentes de problemas con sistemas de control digital. Según denunciaron, durante 2024 trabajadores estatales sufrieron descuentos salariales por fallas técnicas en sistemas de presentismo anteriores y por demoras administrativas en la validación de asistencias.
El reclamo sindical también se apoya en antecedentes judiciales sobre el uso de tecnologías de vigilancia. En 2023, la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial utilizado por el Gobierno de la Ciudad en estaciones de transporte al considerar que podía vulnerar derechos vinculados a la privacidad y la protección de datos personales.
En ese marco, ATE Capital intimó formalmente al Ejecutivo porteño a que “se abstenga de implementar cualquier sistema de control que obligue al uso de dispositivos personales o mecanismos de geolocalización” y exigió la apertura de una instancia de negociación paritaria para discutir cualquier cambio en el régimen de presentismo.
El conflicto abre un nuevo frente entre el Gobierno de la Ciudad y los gremios estatales, que advierten sobre el avance de mecanismos de control digital en el empleo público y reclaman que no se vulneren derechos laborales ni garantías constitucionales de privacidad.
