Representantes de diferentes sectores del movimiento obrero firmaron, junto a organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y dirigentes políticos, una carta a la Sra. Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, rechazando el acuerdo con el gobierno nacional.
El texto enviado a Washington, D.C. 20431, EE.UU comienza con el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional de la República Argentina donde queda claramente explicitado que “Corresponde al Congreso: Inciso 4: Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. Inciso 7: Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación". De este modo, los firmantes del documento dejan claro que para ellos el acuerdo que el gobierno de Maurcio Macri firmó con la entidad internacional, en tanto no pase por el congreso de la nación carece de validez.
En la carta se deja en claro sobre el acuerdo, que “El Presidente… se negó a someterlo a un Congreso Nacional que sin duda lo rechazaría. Tampoco accedió a aplicar otros mecanismos participativos como la consulta popular o referéndum frente a una decisión de vital trascendencia para el futuro de nuestro país.”
Reconocen en la misiva que “Más allá del llamativo esfuerzo comunicacional por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri y no una imposición del organismo que Usted preside, consideramos que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y al Directorio de su corresponsabilidad en el desfalco que se realiza con fondos del empréstito en favor de grupos financiero-especulativos privilegiados y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos.”
Además, el escrito enviado a la Directora Gerente sostiene que “Desde que asumió el Presidente Macri, en 32 meses, la deuda pública aumentó en términos netos en más de USD 80.000 millones, a través de la colocación de emisiones equivalentes a más de USD 224.000 millones, de los cuales USD 140.400 millones fueron en moneda extranjera con privados. El peso de la deuda sobre el PIB de Argentina pasó del 41% en 2015 a representar el 69,8%, según reconoció el Secretario de Finanzas ante el Congreso de la Nación el pasado 2 de julio. Es decir, pusieron al país en una situación de alto riesgo, según sostiene el propio FMI al evaluar los márgenes prudentes para esta relación.”” Estos volúmenes elevadísimos de deuda no fueron empleados ni para el desarrollo nacional ni para la inclusión social. Se destinaron a la fuga de capitales, de modo que tampoco engrosaron las reservas ni proveyeron mayor estabilidad financiera.”
Advierten al FMI que “Es una verdadera irresponsabilidad que se contradice con los objetivos del FMI otorgar en esta oportunidad un crédito récord sin tomar ninguna medida para evitar que, con los nuevos recursos, la política económica del gobierno arroje los mismos resultados.” Luego de mostrar “el carácter fraudulento que tuvo la administración de la corrida cambiaria que resultara en el intempestivo pedido del empréstito en cuestión, entre el 19 de abril al 21 de junio” reconoce que “el déficit fiscal al que se apela para justificar la colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de sectores económicos concentrados, cuyos privilegios viene a financiar este nuevo empréstito.”
La carta firmada por un amplio número de dirigentes del movimiento obrero, reconoce que “La quita generalizada de retenciones ya produjo pérdidas al Estado valuadas en USD 5.500 millones, que quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de las obligaciones vinculadas a la liquidación local de las exportaciones en plazos razonables tuvo como consecuencia una conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en perjuicio del país: las divisas se retuvieron en el exterior para forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses, al racionar la oferta de dólares en la plaza local. La misma lógica puede aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados como la reducción de impuestos a los bienes personales.”
En sus últimos párrafos, alertan al Directorio “sobre la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas. Buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno con dinámica de círculo vicioso. Las tan publicitadas "salvaguardas" que establece el Acuerdo aplicables "en caso de que las condiciones sociales empeoren" parecen una burla a quienes hoy ya ven peligrar sus haberes jubilatorios, salarios, empleos o directamente sufren hambre.”
Finaliza repudiando el Acuerdo y considerando “a la nueva deuda contraída bajo sus condiciones como "odiosa o execrable". Piden, además, que “los compromisos suscriptos en el Acuerdo sean sujetos a revisión tanto de la Justicia como del Parlamento.” Solicitando a Christine Lagarde “que en su carácter de Directora Gerente transmita al Directorio que este acuerdo entre el Organismo y el Poder Ejecutivo no cuenta con legitimidad jurídica, política ni social que los fondos comprometidos se utilizarán de manera claramente fraudulenta en perjuicio del país que el programa económico impuesto producirá una catástrofe social y que, por lo expuesto, ante un cambio de gobierno, será puesto en crisis.”
La carta enviada a la Sra. Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional fue firmada entre otros por: Juan Carlos Schmid (Secretario General Confederación General del Trabajo) - Héctor Daer (Secretario General Confederación General del Trabajo) - Esteban Castro (Secretario General Confederación de Trabajadores de la Economía Poular) - Víctor Santa María (Secretario General SUTERH) - Sergio Palazzo (Secretario General Asociación Bancaria) -- Vanesa Siley (Secretaria General de FE.SITRAJU) - Hugo Yasky (Secretario General de la CTA de los Trabajadores) -Pablo Micheli (Secretario General de la CTA Autónoma) - Pablo Moyano (Sindicato de Camioneros) Hugo Cachorro Godoy (Secretario General Asociación de Trabajadores del Estado) - Sonia Alesso (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) - Roberto Baradel (Sec. Gral. SUTEBA),Roberto Pianelli (Sec. Gral. AGTSyP - Subterraneo) -Daniel Catalano (ATE Capital) (Secretario General ATE Capital) - Sergio Sánchez (Secretario General Federación de Cartoneros y Recicladores) - Eduardo López (Sec. Gral. UTE) - Fani Espinola (Secretario General Federación de Cooperativas Textiles) - Jorge Hofffman, (Sec. Gral. ATE Santa Fe) -Rita Colli (Secretaria General Sindicato de Amas de Casa Reo Argentina Santa Fe) -Carlos De Feo, Sec. Gral. (Federación Nacional de Docentes Universitarios -CONADU)- Daniel Menendez (Coordinador Nacional Movimiento Barrios de Pie) -Juan Grabois (MTE/CTEP) -Eduardo Murua (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) - Walter Correa (Secretario General del Sindicato de Obreros Curtidores-CGT) - Cristian Miño (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) - Damian Gabriel Rojas (Cooperativa de Trabajo Gallo Rojo Ltda.) Luis Cáceres (Secretario Gral. UOLRA)
