16/04/2026

Docentes universitarios

CONADU impulsa “Carpas por la Universidad y la Soberanía” y prepara una nueva Marcha Federal Universitaria

La CONADU puso en marcha desde el 6 de abril una serie de acciones en todo el país bajo la consigna “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, en el marco de un plan de lucha que reclama al Gobierno nacional el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

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Conadu

La iniciativa, de carácter federal, se despliega en distintas provincias con actividades abiertas a la comunidad como clases públicas, radios abiertas, muestras artísticas y conversatorios. Según explicó Clara Chevalier, secretaria general del gremio, el objetivo es visibilizar el rol territorial del sistema universitario público y fortalecer el vínculo con la sociedad. “Son carpas que recorren la Argentina para hablar de universidad y soberanía, reflejando la dimensión federal del sistema y su arraigo en cada comunidad”, señaló.

Entre el 6 y el 10 de abril, las actividades se desarrollaron en distintos puntos del país, incluyendo la Buenos Aires y su conurbano sur, así como en provincias como San Juan, Corrientes, Chaco y la ciudad de Rosario. Allí, los gremios docentes articularon actividades con organizaciones sociales y otros sectores en conflicto, con el objetivo de amplificar los reclamos presupuestarios.

A partir del 13 de abril, el cronograma se trasladó al conurbano norte bonaerense, con la participación de asociaciones sindicales de distintas universidades nacionales. En paralelo, la iniciativa continúa replicándose en ciudades como Mar del Plata, Chilecito, Santiago del Estero y Córdoba, entre otras, y se prevé la incorporación de nuevos distritos en los próximos días. Las “Carpas por la Universidad y la Soberanía” se inscriben en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para el mes de mayo, en defensa de la educación pública.

Desde CONADU señalaron que esta modalidad retoma experiencias históricas del movimiento docente, como la Carpa Blanca docente, símbolo de la resistencia al ajuste en el sistema educativo durante la década de 1990. En ese sentido, el gremio cuestionó las políticas actuales del gobierno de Javier Milei, particularmente el veto a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso.

Según sostienen, esta decisión impacta directamente en el sostenimiento del sistema público de educación superior y en el acceso a la universidad como derecho garantizado por el Estado.

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