Durante la reunión con Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, y Eduardo López, secretario general de UTE, le entregaron una serie de documentos y propuestas para "trabajar entre todos por una Educación Pública de calidad" en la Argentina.
Entre estas propuestas, se destaca el llamado "Documento Programático para la Educación en Argentina", que consta de 10 puntos que reproducimos a continuación.
“Proteger lo que crece en las escuelas para nuestro porvenir”
El proyecto debe partir de un objetivo principal e ineludible que consiste en SALDAR LA DEUDA EDUCATIVA CON LA SOCIEDAD. Esto se logra cumpliendo con las leyes educativas vigentes que hoy regulan el DERECHO A LA EDUCACIÓN, y generando los acuerdos democráticos necesarios para ampliar cada vez más los derechos sociales de toda la población, bajo los principios fundamentales de la justicia y la solidaridad.
El DERECHO SOCIAL A LA EDUCACIÓN se garantiza con:
Un Proyecto educativo a escala nacional, con saberes y contenidos para la soberanía pedagógica. Escuelas seguras, dónde los niños, niñas, jóvenes y adultos sientan deseos de concurrir y posibilidades reales de asistencia a los establecimientos. Vacantes suficientes, en escuelas públicas disponibles en todo el territorio nacional y para todos los niveles del sistema. Ampliación de los horarios escolares y una organización institucional que favorezcan la articulación familia-escuela. Docentes reconocidos en su trabajo y profesionalidad, con salarios dignos, y con recursos materiales y tecnológicos para la tarea de enseñar. Cargos docentes suficientes y jornadas institucionales para democratizar la educación. Formación permanente gratuita y de calidad para los docentes de todo el sistema. Sistemas de evaluación que contribuyan con el mejoramiento de la enseñanza y no se reduzcan a una simple medición de control. Universalización de la educación desde los 45 días hasta el Nivel Superior. Una Educación común para todos/as, que a su vez aloje las diferencias y necesidades propias de las diversas modalidades y contextos. Para garantizar estos 10 puntos, que en su conjunto constituyen el derecho social a la educación, es condición necesaria un mayor financiamiento educativo.
El Estado debe tener la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades.
Lo aquí planteado exige la resignificación de nuestro Sistema Educativo como una política nacional, en el marco de una convocatoria amplia y plural con la participación de todos los sujetos sociales y sectores que entiendan a la educación como un derecho y no como negocio, mercancía o servicio.
