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Según explicó Norma Lezana, secretaria de la APyT, ese dinero proviene de la recaudación del “tercer pagador” —es decir, lo que el hospital cobra a obras sociales y empresas de medicina privada—, que representa aproximadamente un 35% de las prácticas realizadas en el establecimiento. Esa porción, en lugar de reinvertirse en mejoras edilicias o remuneraciones, denuncian que fue canalizada al Fondo de Inversión Carlos Pellegini, administrado por el Banco Nación.
Lezana calificó la situación de “escándalo” y afirmó que los trabajadores del Garrahan están “conmocionados”. También reveló que las autoridades hospitalarias sugirieron que, si las acusaciones se confirman, se interponga una demanda judicial.
Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz se sumó a las críticas asegurando que el Gobierno de Javier Milei autorizó ese desvío de fondos con el objetivo de “mantener el dólar barato”, en lugar de cumplir con la función original de esos recursos: mejoras en el Garrahan y pagos justos para el personal.
Tolosa Paz agregó además que la Ley de Emergencia Pediátrica debería servir para reparar lo que denuncian como pérdidas salariales: según el gremio, los trabajadores habrían perdido aproximadamente un 70% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023.
