DSC3847-1024x683.jpg
“Repudiamos el accionar persecutorio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia las familias con el objetivo de intimidar a lxs jóvenes que ejercieron su derecho a la protesta frente a la falta absoluta de escucha de la ministra Soledad Acuña a sus reclamos”, aseguró el gremio a través de un comunicado.
Asimismo, advirtió que fue el Gobierno porteño quien “anuló cualquier vía de diálogo y ahora realizó 25 denuncias penales a 366 padres y madres por las tomas realizadas por lxs estudiantes”.
“En una escalada de violencia hacia la comunidad educativa, estas denuncias niegan y anulan la voz de lxs chicxs como sujetxs de derecho, enmarcada en la Ley de Protección de Derechos de NNyA”, continuó la misiva.
Por último, aseguró que: “Este avasallamiento es un intento más del gobierno de dividir a la comunidad educativa, que demostró estar más unida que nunca como lo manifestó en la marcha de 10,000 personas y como lo sigue demostrando en cada iniciativa que se realiza en cada escuela de la CABA”.
A fines de septiembre, estudiantes secundarios de una veintena de escuelas porteñas decidieron tomar los establecimientos en reclamo de mejoras en la infraestructura escolar, en las viandas y en contra de las prácticas laborales en empresas.
La medida de fuerza duró varios días, de acuerdo a las distintas asambleas que realizaban los estudiantes en cada escuela, además de las tomas otras 15 escuelas mantuvieron actividades y manifestaciones con base en los mismos reclamos.
Ayer el Ministerio de Educación porteño en un comunicado anunció que "cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas".
En tal sentido, agregó que la Procuración General de la Ciudad ya realizó "25 denuncias penales a 366 adultos responsables".
El Ministerio también envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que "cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas".
Como consecuencia de este informe ya están "en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85", detalló la cartera de educación.
