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Según fuentes del Poder Ejecutivo, las primeras desvinculaciones ya comenzaron la semana pasada y alcanzarán distintas áreas del Estado. La meta oficial es más amplia: eliminar más de 27.000 puestos en la administración nacional, empresas y sociedades estatales a lo largo del año.
De acuerdo con datos del INDEC, el Sector Público Nacional contaba en enero con 278.705 empleados. En ese contexto, el ajuste se profundiza en medio de una caída de la recaudación y un freno en la actividad económica, que impacta de lleno en el mercado laboral.
El plan oficial se da además en paralelo a un deterioro de los indicadores de empleo: la desocupación alcanzó el 7,5% al cierre de 2025, por encima del 6,4% registrado el año anterior, lo que agrava la preocupación entre trabajadores y sindicatos ante una nueva ola de despidos.
A diferencia de etapas anteriores, en las que el recorte se concentró en la administración central, ahora el foco estará puesto en organismos descentralizados. Allí se prevé una fuerte reducción de personal, principalmente a través de la no renovación de contratos, una modalidad extendida dentro del Estado.
También se suman procesos de reestructuración interna, eliminación de áreas consideradas “duplicadas” y esquemas de retiros voluntarios en distintos organismos. Entre las entidades que podrían verse alcanzadas por el ajuste figuran el INDEC, el Conicet, la Coneau, la ARCA, el Archivo General de la Nación, la ANSES, la Conadis, el Enargas, el ENRE, el INTA, el INTI, y el Senasa
Desde el Gobierno sostienen que se trata de un proceso “dinámico”, donde “no hay un número fijo de despidos por área” y las decisiones se toman según el análisis de cada organismo. En esa línea, aseguran que el objetivo es avanzar en una reducción estructural del Estado y “mejorar la eficiencia del gasto público”.
Según cifras del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, desde diciembre de 2023 ya se eliminaron 60.494 puestos en la administración pública nacional, con una fuerte caída en cargos jerárquicos. Mientras tanto, gremios estatales advierten que el ajuste impacta directamente en las condiciones laborales y en la prestación de servicios esenciales.
