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Según el ministro, los despidos responden a la necesidad de “alivianar la estructura” del organismo, que calificó como “una herramienta creada por el kirchnerismo para doblegar al periodismo independiente”. A través de su cuenta en X, Sturzenegger argumentó: “Desde su creación en 2009, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias repetidas contra periodistas críticos del kirchnerismo”.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, rechazó con firmeza la medida y calificó los despidos como “un verdadero ataque a la democracia”. Según Aguiar, “se quiere evitar que los medios y periodistas oficialistas sean denunciados, y aniquilan el derecho a la comunicación democrática que tienen las audiencias de los medios audiovisuales”.
El dirigente sindical también aseguró que la decisión busca “fortalecer el relato fantasioso de un Gobierno que, en tan solo 12 meses, deterioró de manera grave las condiciones de vida de toda la gente”.
La Resolución 107, emitida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, no solo implica una drástica reducción de personal, sino también el remate de bienes del organismo, como el estudio de televisión. Además, Sturzenegger dejó entrever que podría debatirse la continuidad misma de la Defensoría en el Congreso, afirmando que “es necesario evaluar si queremos este tipo de instituciones”.
El rol de la Defensoría y su posible desmantelamiento
La Defensoría del Público, creada en 2009 bajo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene como objetivo defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias, canalizando consultas, reclamos y denuncias relacionadas con los medios audiovisuales. Sin embargo, con una planta reducida, su funcionamiento estaría en jaque.
Desde ATE advierten que esta medida “allana el camino para que el Gobierno tenga sus propios ensobrados”. Aguiar enfatizó: “Pretenden impedir todo tipo de reclamo de las audiencias y consolidar un modelo de medios acríticos y alineados con el poder”.
En medio de este contexto, el debate sobre el futuro de la comunicación democrática parece haber tomado un giro preocupante, con denuncias de persecución sindical y el riesgo de que se limite aún más la representación de las audiencias en el ámbito audiovisual.
