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Según sus impulsores, este cambio busca reducir lo que denominan “la industria del juicio”.
El dictamen, aprobado bajo la presidencia de Martín Tetaz (UCR), responde a reclamos históricos de las cámaras empresariales, que sostienen que la litigiosidad laboral afecta la creación de empleo. "El actual esquema de actualización perjudica la competitividad de las empresas y pone en jaque la posibilidad de generar trabajos formales", afirmaron desde la entidad que agrupa a pequeñas y medianas empresas.
Reformas que dividen opiniones
El proyecto, que aún debe pasar por la Comisión de Finanzas liderada por Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), podría aplicarse no solo a futuros conflictos, sino también a juicios pendientes y sentencias aún impagas. Sin embargo, este punto generó fuerte resistencia.
Sindicatos y organizaciones de trabajadores alertaron sobre el impacto que esta reforma podría tener en un contexto de alta inflación. "Limitar las indemnizaciones cuando los salarios ya están perdiendo poder adquisitivo es condenar al trabajador a la precarización", advirtió un dirigente sindical consultado.
Los detractores señalan que, al no permitir que las indemnizaciones reflejen plenamente el impacto de la inflación, los trabajadores podrían sufrir una pérdida real en sus derechos. Además, sectores críticos remarcan que la judicialización laboral se vincula también a la falta de implementación de Cuerpos Médicos Forenses en todo el país, una deuda pendiente desde 2017 que permitiría agilizar los procesos.
