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La propuesta surge como respuesta a la “desigualdad marcada” entre ambas prestaciones, especialmente tras el Decreto 117/2023, que desligó los valores de estas ayudas sociales. Según el proyecto, “los niños deben quedar protegidos de la situación de empleabilidad de sus familiares”, y de esta forma se busca que los menores reciban montos equivalentes en todas las prestaciones.
“La seguridad social es un derecho humano fundamental que debe garantizarse de manera igualitaria para todas las personas”, señalan los diputados en los fundamentos de su propuesta. En ese sentido, el proyecto también argumenta que Argentina debe cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, amparados en la Constitución Nacional, que aseguran la protección social para todas las familias.
Aumento inmediato y mayor protección para niños con discapacidad
Entre las medidas destacadas, se incluye una cláusula transitoria que establece un incremento inmediato de las asignaciones familiares para alcanzar la paridad con la AUH. Para concretar esta modificación, el proyecto faculta al Jefe de Gabinete a realizar los ajustes presupuestarios necesarios. Además, contempla la inclusión formal de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad en el marco legal de las asignaciones familiares, ampliando los derechos de protección a niños y adolescentes con mayores necesidades.
“Este proyecto propone combatir la pobreza infantil y garantizar la igualdad en las prestaciones para todos los menores de edad, independientemente de la situación laboral de sus padres”, indican los autores, subrayando que la iniciativa responde a principios de justicia y universalidad.
Llamado al consenso político
Los diputados sindicales advierten que esta ley apunta a “evitar arbitrariedades y decisiones unilaterales” que puedan afectar la cobertura social en el futuro. Por ello, llaman a un “consenso mayoritario” entre todas las fuerzas políticas para asegurar que la medida sea adoptada como un compromiso con la justicia social y la equidad.
Con esta propuesta, los representantes sindicales buscan que “ninguna familia trabajadora argentina quede desprotegida” y que el acceso a las asignaciones familiares sea una garantía efectiva para los sectores populares.
