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Participaron el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi; la secretaria adjunta Belén Sotelo; Federico Montero; rectoras y rectores de universidades nacionales; dirigentes estudiantiles y representantes sindicales. La reunión fue convocada por las diputadas Blanca Osuna y Lucía Cámpora, y contó con la presencia del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, además de legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica ARI y el Frente de Izquierda.
“Esta reunión es una señal clara de la comunidad universitaria de mantenerse unida detrás de la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo Perazzi. Y fue más allá al advertir: “No hay lugar para divisiones y si hay algún sector que duda, tenemos que mostrar que la reforma que envía el gobierno no trae ninguna solución para la crisis que atraviesa la Universidad en la Argentina producto del ajuste del gobierno de Milei”.
Desde los gremios docentes vienen alertando que la pérdida del poder adquisitivo en el sector supera ampliamente la inflación acumulada del último año, con salarios que quedaron varios puntos por debajo del índice de precios informado por el INDEC. A eso se suma la falta de actualización de partidas para gastos de funcionamiento, lo que afecta desde el pago de servicios hasta el desarrollo de proyectos de investigación y extensión.
Rectoras y rectores coincidieron en que sin una ley que garantice previsibilidad presupuestaria, el sistema universitario queda atado a decisiones discrecionales. En ese marco, la defensa del financiamiento no solo apunta a sostener los puestos de trabajo docentes y no docentes, sino también a asegurar el acceso de miles de estudiantes a la universidad pública.
El debate promete intensificarse en las próximas semanas en el Congreso, mientras los sindicatos no descartan nuevas medidas de visibilización si no hay señales concretas de recomposición salarial y refuerzo presupuestario. La pulseada por el financiamiento universitario vuelve así al centro de la escena política, con impacto directo en más de dos millones de estudiantes y en decenas de miles de trabajadores y trabajadoras del sistema público.
