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Según el estudio, elaborado tras relevar 15 manifestaciones, el gobierno de Javier Milei habría utilizado de forma “desproporcionada” las fuerzas de seguridad como política sistemática.
Heridos, criminalizados y prácticas violentas
El informe documenta un saldo de 1155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves. Entre los casos más severos, 33 manifestantes recibieron impactos de balas de goma en el rostro o cabeza, resultando en daños severos en la visión. Además, se registraron 50 trabajadores de prensa heridos durante coberturas y 73 personas criminalizadas por su participación en las protestas.
“Entre las prácticas documentadas se encuentran el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y golpes con tonfas y bastones. También se observaron detenciones arbitrarias y episodios donde incluso niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva”, detalla el informe.
Restricción al derecho de expresión
Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional, expresó que el informe evidencia “la restricción del ejercicio de la libertad de expresión en las calles y el achicamiento del espacio cívico”. En diálogo con Noticias Argentinas, señaló que “el miedo no puede ser la respuesta para canalizar los reclamos populares”.
La organización denunció además la falta de transparencia del Estado en este contexto. “Realizamos pedidos de acceso a la información pública que en su mayoría fueron denegados por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, recopilamos más de 30 testimonios de víctimas y analizamos imágenes difundidas en redes sociales”, explicó García Rey.
Un llamado al Gobierno
El informe insta al gobierno argentino a tomar medidas urgentes para garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Entre las recomendaciones se incluye la derogación del Protocolo Anti-piquetes, la implementación de regulaciones policiales, y capacitaciones alineadas con estándares internacionales.
“El uso de la fuerza debe estar enmarcado en principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Asimismo, el uso indebido del derecho penal para criminalizar las manifestaciones atenta contra el estado de derecho y debe ser eliminado”, subraya el documento.
Amnistía Internacional cerró su análisis advirtiendo que Argentina, un país históricamente activo en las calles, enfrenta un desafío crítico: “El debate debe centrarse en canalizar los reclamos de manera pacífica y garantizar que la violencia no sea la herramienta para silenciar las voces disidentes”.
