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Según el artículo, el gobierno de Javier Milei —al que se refiere como representante de una «derecha argentina»— estaría promoviendo medidas con nombres tales como “modernización” o “flexibilización laboral”, pero cuyo efecto real sería “desproteger”, transferir ingresos de los trabajadores al capital y debilitar la negociación sindical.
El texto plantea que una política laboral transformadora debe reconocer derechos concretos:
- Reducir la jornada laboral manteniendo el salario —práctica que, según se dice, ya existe en compañías y países más “avanzados”.
- Regular los trabajos en plataformas digitales, para evitar que queden en la “orfandad jurídica” frente a abusos informales.
- Garantizar participación de los trabajadores en las ganancias y en la dirección de las empresas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El artículo también cita al ex Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien advirtió que reformas laborales realizadas en más de 100 países con la promesa de “generar empleo e inversión” siguieron un patrón: ninguna generó esos resultados, pero sí aumentó la desigualdad. A partir de esto, el texto sostiene que “lo realmente importante es humanizar el capital y ponerlo al servicio del pueblo y la Nación”.
En la misma línea, el artículo reclama que las grandes fortunas y la renta financiera paguen su parte, que quienes ingresen divisas al país mantengan esos recursos durante un período para evitar maniobras especulativas; y que el Estado tenga un rol activo en el comercio exterior y en el control de beneficios excesivos.
Finalmente, se apela al sindicalismo, los partidos políticos de los trabajadores y las organizaciones sociales: el texto hace un llamado claro a “organizarse, proteger los intereses y condiciones de vida” y “rechazar activamente las reformas” que, bajo la forma de modernización, podrían implicar una mayor precarización.
