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La decisión implica un cambio en el ámbito judicial que venía interviniendo en el expediente, desplazando a la Justicia del Trabajo, donde inicialmente se habían registrado resoluciones favorables a la central obrera, como la suspensión cautelar de algunos artículos de la normativa.
Según se informó, el planteo del Ejecutivo sostuvo que el fuero laboral no era competente para analizar la constitucionalidad de la ley, al tratarse de un conflicto contra el Estado nacional, por lo que debía tramitarse en el ámbito contencioso administrativo. Con la aceptación de la inhibitoria, será ese fuero el encargado de continuar con el tratamiento del caso.
El traslado de la causa representa un punto relevante en la disputa judicial por la reforma laboral, ya que el Gobierno había cuestionado tanto la competencia del fuero laboral como las decisiones adoptadas en ese ámbito.
Por su parte, la CGT sostiene que la reforma vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales, en particular en lo referido a la libertad sindical, las condiciones de trabajo y la protección contra el despido, argumentos que forman parte de las presentaciones realizadas ante la Justicia.
La resolución abre una nueva etapa en el proceso judicial, mientras se espera el avance del expediente hacia una definición sobre la validez constitucional de los artículos cuestionados.
