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A partir de diciembre, se tomarán evaluaciones presenciales mediante el Sistema de Evaluación Pública (SEP), un mecanismo que, según los sindicatos, busca precarizar y estigmatizar a los empleados públicos. “Lo que buscan es seguir estigmatizando a los trabajadores estatales, exponerlos a una situación de escarnio público”, señaló Soledad Santellán, secretaria de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Capital, en diálogo con Página 12.
El examen, que se realizará con tablets y en formato anónimo, abordará temas como Comprensión Lectora, Razonamiento Lógico-Matemático y Administración Pública Nacional. Sin embargo, la aprobación no garantiza la continuidad laboral. “Podés rendir, aprobar, y en unos meses fusionan organismos o los eliminan, como pasó con el Inadi o el Ministerio de la Mujer, y te dicen que no necesitan más tus servicios. Es perverso”, advirtió Santellán.
Un contexto de incertidumbre y despidos
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, justifica la medida como una herramienta para “fortalecer el empleo público”. Sin embargo, desde ATE denuncian que la verdadera intención es avanzar con despidos masivos. Según explicó Santellán, en reuniones con funcionarios, como Maximiliano Fariña y Rosana Reggi, se confirmó que los despidos están relacionados con la “reducción de estructuras”.
El gremio también resaltó la falta de claridad sobre los criterios de evaluación. “No dicen con cuánto se aprueba, no hay un cuadernillo claro para estudiar ni tampoco es claro quién auditará el sistema para garantizar el anonimato”, denunció Santellán. Además, subrayó que el examen no tiene relación con las competencias necesarias para los cargos que ocupan los empleados públicos: “Las preguntas prácticas son de las pruebas PISA, que son de nivel secundario. No tiene nada que ver con la idoneidad para el cargo”.
Una medida que pone en juego derechos laborales
Por el momento, el SEP afectará solo a trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y excluirá a quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD). No obstante, quedan dudas sobre qué sucederá con empleados en licencia por enfermedad o maternidad.
Desde ATE, además de las denuncias legales ya iniciadas, aseguraron que acompañarán a los trabajadores que deban rendir el examen. “Esto no es una evaluación legítima; es una herramienta de ajuste y precarización. Nosotros vamos a defender a los compañeros en cada instancia que sea necesaria”, concluyó Santellán.
Este polémico sistema, que pone en tensión derechos laborales y genera un clima de incertidumbre entre miles de trabajadores, se suma a otras medidas como la desfinanciación del Plan FinES y la transformación del Ministerio de Educación en una secretaría. Las críticas de los sindicatos no tardaron en encender un nuevo capítulo de conflicto con la administración mileísta.
