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Desde la CGT salieron rápidamente a rechazar la medida. “Esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadores y trabajadoras”, advirtió el Consejo Directivo Nacional a través de un comunicado. La central obrera denunció una “grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender”.
“La CGT no permanecerá en silencio. Daremos las batallas que haya que dar, en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo”, remataron.
Por su parte, desde ATE consideraron que el decreto fue “redactado a pedido de las multinacionales y los empresarios millonarios”. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, fue contundente: “La modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones”.
Aguiar apuntó contra el artículo que exige garantizar el 75% de las prestaciones en los servicios esenciales: “De esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto”. Además, cuestionó la figura de “servicio de importancia trascendental”, que obliga a mantener el 50% de la actividad en una medida de fuerza. “Con ese criterio, todas las actividades podrían ser consideradas esenciales o trascendentales”, advirtió. Y cerró: “Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo”.
El decreto también fue analizado por la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL). Matías Cremonte, abogado laboralista y expresidente de la organización, sostuvo que “el decreto amplía de tal modo los servicios esenciales que prácticamente prohíbe hacer huelgas”.
Cremonte subrayó un inciso particular del texto oficial que habilita restringir medidas de fuerza cuando afectan la recaudación del Estado. “Es tan absurdo que ni siquiera intenta proteger la vida de la población. Se trata de favorecer a los empresarios y joder a los trabajadores”, afirmó.
El especialista recordó que la OIT considera esenciales solo aquellos servicios cuya interrupción puede poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. “Hace más de 20 años que está regulada la huelga en servicios esenciales, y jamás existió un caso en el que se haya puesto en peligro la vida o la salud. El sistema funciona, el cambio es puramente ideológico y patronal”, concluyó.
