05/05/2025

Contra la privatización de empresas del Estado

Ex trabajadores del Estado rechazan la privatización de Transener y exigen saldar deuda histórica

El Gobierno Nacional avanza con la privatización de Transener, la principal transportista de energía eléctrica de alta tensión en Argentina.  Esta medida ha generado preocupación entre ex trabajadores de las empresas estatales SEGBA, Agua y Energía Eléctrica (AyEE) e Hidronor, quienes impulsan un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para frenar la venta de las acciones estatales y saldar una deuda pendiente desde los años 90. 

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Foto: 
Tiempo Argentino

El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) presentó la iniciativa respaldada por estos colectivos.  "Pedimos que se salde la deuda con los trabajadores y se proteja el Patrimonio Nacional", expresaron los ex empleados, refiriéndose al incumplimiento del Programa de Propiedad Participada (PPP), que debía otorgarles participación accionaria tras las privatizaciones de los 90. 

Transener fue constituida en 1993 con activos de las mencionadas empresas estatales, privatizadas mediante las leyes 23.696 y 24.065.  Actualmente, el 51% de sus acciones clase A está en manos de Citelec S.A., controlada en partes iguales por ENARSA (estatal) y Pampa Energía (privada).  Además, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES posee el 19,7% de las acciones. 

El proyecto de resolución destaca que Transener opera el 85% de la red de alta tensión del país, siendo estratégica para la soberanía energética.  "Desprenderse de estas acciones significa renunciar al control sobre una infraestructura crítica para el desarrollo del país", advierten los ex trabajadores. 

Proponen crear un fondo con los beneficios de las acciones en poder de ENARSA para saldar la deuda histórica con los trabajadores.  "Nos pronunciamos en contra de la venta de las acciones de Transener que se encuentran en poder del Estado nacional", afirman. 

El Gobierno, por su parte, sostiene que la privatización busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios sostenibles.  Sin embargo, los ex empleados y sectores opositores consideran que esta medida pone en riesgo la soberanía energética y el sistema previsional. 

El debate continúa en el Congreso, mientras los trabajadores exigen justicia y la protección del patrimonio nacional.

Cafecito