Sin embargo, el fiscal concluyó que no hubo delito y que los dichos del sindicalista están amparados por el derecho a la libertad de expresión. La decisión final sobre el futuro de la causa la tomará el juez Ariel Lijo.
La denuncia de Bullrich se presentó luego de que Biró advirtiera públicamente que la situación con la aerolínea "se va a poner mucho peor", lo que fue interpretado por el Ministerio de Seguridad como una amenaza y un intento de extorsión. Según un comunicado del ministerio, las declaraciones del sindicalista generaron preocupación por su posible impacto en la seguridad de los pasajeros y en la operación de la empresa estatal.
Sin embargo, en su dictamen, el fiscal Picardi consideró que las palabras de Biró no configuran delito alguno, ya que no constituyen un peligro de daño futuro grave ni creíble, condiciones necesarias para tipificar el delito de amenazas. Además, interpretó que sus declaraciones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y la defensa de derechos laborales y sindicales, todos protegidos por la Constitución y el derecho internacional.
Picardi también advirtió sobre los riesgos de judicializar conflictos sociales y laborales sin pruebas suficientes que justifiquen la intervención del derecho penal. "El derecho penal debe ser utilizado únicamente cuando existan elementos suficientes que lo tornen legítimo", sostuvo el fiscal, subrayando que las manifestaciones del gremialista reflejaban la posible utilización de herramientas legales, como el recurso a la Justicia.
El conflicto entre Biró y el Gobierno de ese entonces surgió en el marco de una disputa por la situación de Aerolíneas Argentinas, en la cual el sindicalista advirtió que los pilotos no estaban dispuestos a aceptar "vivir bajo una tiranía". Pese a ello, el fiscal dejó en claro que los reclamos sindicales, incluso en tono crítico, no pueden ser tratados como actos delictivos, y que las huelgas y protestas forman parte de los derechos laborales consagrados en la Constitución.
La decisión ahora está en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar el pedido del fiscal y determinar si la causa continúa o es archivada.
