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“El Gobierno está poniendo en peligro la educación pública y los derechos de quienes la apoyan”, advirtió la IE en un comunicado publicado en su sitio oficial, en el que reclama la inmediata derogación de la norma y llama a la solidaridad internacional con las y los docentes argentinos.
El decreto fue publicado el 21 de mayo en el Boletín Oficial y obliga a garantizar un servicio mínimo del 50 al 75 % en caso de paro, algo que, según la IE, tiene “el propósito específico de restringir la acción gremial”.
“Los sindicatos docentes han denunciado unánimemente este decreto como inconstitucional e injusto, así como una grotesca violación de su derecho a la huelga”, sostiene el comunicado. También recuerda que intentos similares fueron previamente declarados inconstitucionales por la justicia argentina y criticados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La IE, con sede en Bruselas y presidida por el sudafricano Mugwena Maluleke, nuclea a 375 sindicatos de la educación en más de 180 países. En Argentina, sus afiliadas son CTERA, SADOP, CONADU y CEA. “La IE se solidariza plenamente con nuestras organizaciones afiliadas en el país”, expresó.
La entidad también cuestionó un posible cambio en la Ley de Financiamiento Educativo que eliminaría la participación del Estado nacional en la negociación del salario mínimo docente. “De ser aprobada, pondría fin a un mecanismo clave para proteger los ingresos de las y los trabajadores de la educación”, alertó.
Para la organización, estas decisiones “forman parte de la agenda regresiva de la administración de Javier Milei” y representan “un grave retroceso para los derechos laborales del profesorado en Argentina”.
La IE llamó a defender los derechos sindicales y a proteger la educación pública. “Instamos a las autoridades argentinas a retirar la propuesta de modificación de la Ley 26.075 y a derogar el decreto 340/25”, concluyó el comunicado.
