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“Las tensiones que hay en el mundo hoy tienen que ver con quién se queda con el trabajo calificado. Los países están protegiendo su trabajo, y la Argentina va a contramano de todo eso”, expresó Furlán en diálogo con AM750 en el programa Toma y Daca. “Permite que entre trabajo de afuera en desmedro del trabajo argentino”, agregó.
El anuncio oficial, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue presentado como una estrategia para reducir los precios de productos electrónicos como celulares, tablets y computadoras. Pero Furlán desmintió esa promesa: “Es un argumento mentiroso. Lo que ellos pretenden beneficiar, que son los consumidores, son las mismas personas que pierden el trabajo”.
El titular de la UOM comparó la medida con el decreto firmado por Mauricio Macri en 2017 que habilitó la importación de notebooks: “Pasaron unos años y en Argentina se siguen comprando las computadoras más caras del mundo”.
Desde Tierra del Fuego, donde se concentra gran parte de la industria electrónica nacional, la respuesta fue inmediata: los trabajadores paralizaron la producción en rechazo a la medida. En sintonía con esa reacción, Furlán advirtió que la política del Gobierno no es aislada, sino parte de una estrategia para desmantelar el aparato productivo. Incluso fue más allá y sugirió que podría haber un objetivo geopolítico detrás: “Hay un interés en despoblar la Patagonia”, dijo, en línea con análisis realizados por el exministro Daniel Filmus y la senadora fueguina María Eugenia Duré.
Consultado sobre la posición del empresariado frente a esta apertura, el líder metalúrgico sostuvo: “Quiero creer que se van a oponer porque han dicho públicamente que si sacan los impuestos no van a poder producir. Sé que hay un sector del entramado pyme que está muy preocupado”.
Según un informe del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Tierra del Fuego genera más de 8.000 empleos directos en la industria electrónica, sin contar los puestos indirectos. La quita de aranceles amenaza con desarticular esa matriz productiva en favor de la importación, con consecuencias directas sobre el empleo.
Mientras el Gobierno insiste en su programa de desregulación, los sindicatos anticipan un escenario de conflictividad creciente. La UOM ya anticipó que no descarta nuevas medidas de fuerza si no se protege el trabajo nacional.
