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El secretario general de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma provincial, Federico Giuliani, se presentó este lunes ante el Juzgado Federal N°1 de Córdoba para prestar declaración indagatoria en una causa vinculada a la protesta realizada el 25 de mayo de 2024 durante la visita del presidente Javier Milei a la provincia.
La audiencia se llevó a cabo en Tribunales Federales, donde el dirigente fue indagado por el secretario penal Alejandro Sevilla, luego del apartamiento de otro funcionario judicial tras un planteo de la defensa por “enemistad manifiesta”. Desde ATE Córdoba sostienen que se trata de una causa “armada” que busca disciplinar la actividad sindical y desalentar las medidas de fuerza en un contexto de despidos, ajuste y conflictividad laboral.
A la salida de la sede judicial, Giuliani fue contundente: “Sea en el ámbito provincial o federal, la Justicia actúa de acuerdo a los intereses de los poderes económicos y políticos de turno. Dos años después de la visita de Javier Milei nos imputan incitación a la violencia por el corte de ruta en el aeropuerto y por la represión desmedida que hizo la policía de Córdoba”.
El dirigente sindical remarcó que aquella movilización fue una de las primeras expresiones de rechazo al rumbo económico del Gobierno nacional en el interior del país. “Ese 25 de mayo en Córdoba fuimos el primer territorio federal que hizo sentir incómodo a Milei, porque las políticas de hambre ya se empezaban a ver. Ese día, ATE y la CTAA marchamos con un montón de compañeros que ya estaban despedidos del Estado nacional y de los barrios donde no alcanzaban a llegar a fin de mes”, afirmó.
La causa contempla una figura penal que prevé penas de entre tres y seis años de prisión. Frente a ese escenario, Giuliani denunció una ofensiva sistemática contra su persona y la organización que conduce: “Está claro que es un proceso sistemático contra mi persona, pero también contra la organización sindical que represento. Soy el único apuntado por la Justicia desde 2023, a pesar del nivel de conflictividad que hay en Córdoba”.
El caso se inscribe en una serie de expedientes judiciales que involucran al dirigente. En abril de 2025, Giuliani ya había sido sobreseído en otra causa por una protesta callejera, mientras que en las últimas semanas se conoció la elevación a juicio de otro expediente por una manifestación frente a la Secretaría de Políticas Sociales de Córdoba. Desde el sindicato advierten que existe un patrón de criminalización de la protesta que alcanza a trabajadores estatales, movimientos sociales y referentes gremiales.
La preocupación también escaló al plano internacional. Días atrás, la CTA Autónoma informó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio curso a una denuncia presentada por Giuliani contra el Estado nacional y la provincia de Córdoba por la represión y persecución de dirigentes sindicales. El reclamo quedó radicado ante el Comité de Libertad Sindical, un dato que suma peso institucional al conflicto.
En ese marco, Giuliani insistió en que la ofensiva judicial apunta a silenciar a quienes enfrentan el ajuste: “La persecución tiene como fin clausurar a aquellos que no somos complacientes con el poder”. Y fue más allá al cuestionar al poder político provincial: “Los grupos económicos se siguen llevando la riqueza mientras nuestro pueblo se empobrece”.
La causa vuelve a poner en el centro del debate el límite entre el derecho constitucional a la protesta y la respuesta penal del Estado, en un contexto donde los conflictos laborales y sociales se multiplican por la pérdida del poder adquisitivo, los despidos en el sector público y el deterioro de las condiciones de vida de miles de trabajadores.
