Desde el entorno del dirigente señalaron que “ni la propia Justicia tiene en claro de qué acusarlo”, y calificaron el expediente como “una causa sin fundamentos que avanza sobre el derecho a la protesta”. El caso tuvo un recorrido previo en la justicia provincial, donde el fiscal había intentado imputarlo por “instigación pública a cometer delitos”, una figura de carácter federal que derivó en el traspaso del expediente.
La medida fue ordenada por la Cámara de Apelaciones de Córdoba tras un planteo de la defensa encabezada por el abogado Claudio Orosz, que cuestionó la competencia provincial. Ahora, la Justicia federal retomó la investigación y convocó a Giuliani bajo apercibimiento “de ordenar su inmediata captura” en caso de no presentarse.
El dirigente presentó un escrito solicitando la postergación de la indagatoria, argumentando que su abogado no puede asistirlo en la fecha fijada. En paralelo, la defensa pidió el apartamiento del secretario penal Facundo Troncoso por “enemistad manifiesta”, al sostener que podría afectar la imparcialidad del proceso.
“Giuliani siempre estuvo a derecho”, remarcaron desde ATE, y advirtieron que la causa forma parte de un “hostigamiento sistemático” que ya fue denunciado por organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos tanto en el país como a nivel internacional.
En ese marco, también apuntaron contra un doble estándar en el accionar judicial. Mencionaron el caso de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, investigados por presuntas irregularidades en causas vinculadas a la empresa Bunge, donde —según denunciaron— no se aplican los mismos criterios de celeridad.
El episodio se da en un contexto de conflictividad creciente, con despidos en el sector público, caída del poder adquisitivo y aumento de la protesta social. Desde el sindicato sostienen que el avance judicial busca disciplinar la protesta: “Se pretende garantizar una paz social que las políticas de ajuste no logran sostener por sí mismas”.
