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Los funcionarios advirtieron que la iniciativa no sólo modifica condiciones laborales, sino también el sistema de fiscalización y el esquema de recursos provinciales. “La discusión no puede limitarse al Congreso y debe incorporar las posturas de los gobiernos provinciales”, señalaron en el documento.
Entre los firmantes figura el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, junto a sus pares de las otras jurisdicciones. En el texto remarcaron que la aplicación concreta de muchas normas laborales depende de las provincias, especialmente en materia de inspecciones y controles sobre el trabajo registrado y no registrado.
Los funcionarios recordaron que el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) obliga a convocar periódicamente al CFT y que su rol se vuelve central frente a cambios estructurales. “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”, sostuvieron.
Según plantearon, la reforma puede tener consecuencias en tres frentes sensibles: el empleo, la recaudación y la capacidad de control estatal. Las inspecciones laborales, que en gran parte están en manos de las provincias, serían uno de los puntos más afectados si se modifican regímenes de contratación, indemnizaciones y períodos de prueba.
El reclamo político también se reflejó en el Senado: los legisladores de esas provincias no acompañaron el proyecto, salvo los representantes de Misiones, alineados con el oficialismo provincial.
La discusión ahora pasará a Diputados y se anticipa un escenario de presión cruzada. Gobernadores y sindicatos buscan incidir en el texto final bajo el argumento de que cualquier cambio en las reglas laborales impacta directamente en el mercado de trabajo local, especialmente en economías regionales con altos niveles de informalidad.
En Argentina, según el INDEC, alrededor de 4 de cada 10 trabajadores se desempeñan en la informalidad, un dato que suele estar en el centro del debate cada vez que se impulsa una reforma laboral.
