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La presentación fue realizada en el marco de la 113° Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, y estuvo firmada por la Asociación Argentina de Aeronavegantes, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).
“Estamos enfrentando un intento deliberado de eliminar el derecho a huelga en un sector estratégico para el país”, advirtió Juan Pablo Brey, titular de Aeronavegantes, quien estuvo presente junto al secretario de Seguridad del gremio, Horacio Calculli.
La denuncia fue entregada a la directora del Comité de Libertad Sindical de la OIT, Corinne Vargha, y también fue acompañada por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, uno de los representantes de la delegación sindical argentina en el organismo internacional.
Entre los puntos centrales del reclamo, los gremios señalaron que el Gobierno:
Declaró la actividad aeronáutica como servicio esencial sin argumentos técnicos ni consulta previa con los sindicatos, afectando el derecho de huelga.
Intervino asambleas sindicales, limitando su libre desarrollo.
Criminalizó la protesta gremial, persiguiendo penalmente a dirigentes y aplicando sanciones administrativas y económicas a las organizaciones.
Aplicó una política de presión sobre los trabajadores mediante despidos, retiros “voluntarios” forzados y pérdida salarial.
“El Gobierno está impulsando un modelo absolutamente regresivo en materia laboral, utilizando decretos para modificar derechos que tienen jerarquía constitucional”, denunció Edgardo Llano, secretario general de APA y dirigente de la CTA de los Trabajadores.
Según los gremios, la situación se agravó con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y sus reglamentaciones posteriores (Decretos 825/2024 y 831/2024), que buscaron modificar de forma unilateral normativas laborales fundamentales. En algunos casos, como indicaron los sindicatos, ya hay sentencias judiciales que declararon la inconstitucionalidad de estas medidas.
“Este es un paso más en la lucha por la defensa de los cielos argentinos, que hoy están bajo ataque del Gobierno de Javier Milei”, afirmó Pablo Biró, secretario general de APLA.
En la denuncia, los gremios reclamaron que la OIT actúe con urgencia ante lo que definieron como “una violación flagrante a la libertad sindical, al derecho de sindicación y al derecho a huelga”, todos ellos reconocidos por convenios internacionales como el Nº 87 de la OIT, que tienen rango constitucional en la Argentina.
“Las y los trabajadores del sector aeronáutico están siendo víctimas de un atropello institucional. Lo denunciamos ante la OIT porque no hay otro camino: hay que frenar esta avanzada”, sostuvo Juan Pablo Schinello, secretario de Organización de ATEPSA.
La ofensiva del Gobierno contra el derecho a huelga también fue señalada recientemente en informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advirtió que la declaración de servicios esenciales sin consenso “implica una restricción desproporcionada de derechos constitucionales”.
La denuncia ante la OIT abre ahora un proceso de revisión por parte del Comité de Libertad Sindical, que podrá solicitar información al Estado argentino y eventualmente emitir recomendaciones. Aunque estas no son vinculantes, tienen fuerte peso político y simbólico en el ámbito internacional.
