Gremios Aeronáuticos denuncian "ilegalidad" en la declaración de esencialidad y lanzan advertencia al gobierno

En un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) expresaron su enérgico rechazo y lanzaron una advertencia al Ejecutivo.

El conflicto surge a raíz del comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano, que anunció la reglamentación de la esencialidad del servicio aeronáutico comercial para garantizar servicios mínimos. Los gremios sostienen que esta medida no solo es un acto “arbitrario e ilegal”, sino que además compromete la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios involucrados. “Cualquier acto administrativo que se dicte por fuera del régimen legal establecido, además de ser nulo e ilegal, constituye un exceso de poder, un abuso de autoridad y una violación de los deberes del funcionario público que lo emita (art. 248 del Código Penal)”, afirmaron.

En el documento, los gremios también apuntaron directamente al Secretario de Trabajo, advirtiendo sobre los riesgos legales en los que podría incurrir al apoyar esta medida. “No solo ha sido representante del sector empleador en la OIT, de donde se tomaron los principios reguladores del derecho de huelga en Argentina, sino que también fue parte de la Comisión de Garantías, encargada de implementar servicios mínimos en casos de servicios esenciales”, señalaron.

Finalmente, los sindicatos aeronáuticos instaron al Gobierno a reconsiderar su posición antes de que se consuma lo que consideran un ilícito. “Están a tiempo de evitar la consumación del ilícito, reconociendo el marco legal vigente y garantizando el derecho constitucional de huelga conforme a la norma que lo reglamenta”, concluyeron.

Esta situación pone en tensión el derecho a huelga de los trabajadores aeronáuticos, un sector clave para la economía y la conectividad del país, y abre un nuevo capítulo en la disputa por la preservación de los derechos laborales frente a medidas gubernamentales que, según los gremios, los vulneran.