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Cordero se basó en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para argumentar su postura, aunque desde sectores críticos señalan que el Gobierno no ha respetado otros parámetros de la OIT, como la declaración de servicios públicos esenciales.
“El Convenio 190 es claro: no se puede violentar a una persona en su ámbito de trabajo bajo ninguna circunstancia. Este ataque, dirigido hacia una funcionaria pública en ejercicio de sus funciones, no solo es moralmente inaceptable, sino que además constituye una violación grave en términos jurídicos”, sostiene el texto firmado por Cordero, que fue difundido por el área de Capital Humano.
La situación se dio en un contexto de tensión para el Gobierno, ya que apenas un rato antes de la difusión del comunicado, se conoció la salida de Martín Huidobro, el número dos de la Secretaría de Trabajo, un cargo que ya había visto pasar a otros tres funcionarios antes. Este cambio se dio en medio del desembarco del macrismo en el gabinete nacional, lo que generó una reconfiguración en varias áreas clave.
En su comunicado, Cordero enfatizó que “el Convenio 190 de la OIT reconoce el impacto devastador que la violencia y el acoso pueden tener en el mundo del trabajo, tanto para las personas afectadas como para el ambiente laboral en su conjunto. Este tipo de agresiones representan una vulneración directa de los derechos fundamentales y, en este caso, es un ejemplo claro de violencia institucional, al dirigirse contra una figura pública en el ejercicio de sus responsabilidades”.
A pesar de este enfoque, el Gobierno enfrenta críticas por no seguir los lineamientos de la OIT en otras áreas, como la definición de servicios públicos esenciales, lo que ha generado malestar en diversos sectores sindicales y laborales. En medio de estas tensiones, Cordero subrayó que «es grave, jurídica y socialmente hablando, que se tolere cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral. Este tipo de actos debilitan nuestras instituciones y los valores democráticos que debemos proteger».
El documento oficial también menciona el contexto del ataque, destacando que “mientras la ciudadanía exige ajustes en los privilegios de la casta política, la Ministra Pettovello opta por utilizar el transporte público disponible para todos los ciudadanos, lo que hace aún más incongruente la agresión sufrida”.
La reacción del secretario de Trabajo y los cambios en su equipo se dan en un momento delicado para el oficialismo, donde la tensión entre las demandas sociales y las decisiones gubernamentales se hace cada vez más evidente, en un clima de incertidumbre para la política y la estabilidad laboral.
