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Lácteos Vidal, ubicada en el partido de Carlos Casares, resistió primero un bloqueo de unos dos meses, tras el cual decidió el despido de 26 trabajadores, con el argumento de que no respondieron al llamado de la empresa para que regresen a las tareas. En ese marco Atilra inició una causa judicial, que estuvo a cargo del juez laboral José Ignacio Ramonet.
Como el magistrado ordenó primero restituir a las personas afectadas en sus puestos, la empresa presentó una apelación de las resoluciones del magistrado, que además discutían las multas conminatorias por desoír resoluciones judiciales, y los embargos producidos por la falta de pago a los trabajadores de Atilra con sus correspondientes astreintes (sanciones valuadas en dinero contra el deudor).
Badá Vázquez, que ahora es una activa miembro del grupo PEP de empresarios y emprendedores que impulsan la reforma laboral y sindical impulsada por Javier MIlei, también había recusado a los Camaristas e interpuesto recursos de queja y apelaciones.
Pero según informó el gremio Atilra, la Cámara Nacional no le hizo lugar a ninguno de esos pedidos y “en síntesis, se le acabaron los recursos posibles”, según la interpretación de apoderado legal del gremio, Ramón Coronel.
El problema ahora radica en que la pyme láctea había contratado a otra mano de obra para reemplazar a la que expulsó (con o sin causa, como se discute). Con sus letrados, Atilra siguió imponiendo al juez la necesidad de exigir la continuidad de los embargos mensuales, por los astreintes correspondientes a los despedidos, con lo cual “lo único que quieren es que nos fundamos y tengamos que cerrar”, según había asegurado la propia responsable de la empresa.
“Necesitamos seguir trabajando para seguir subsistiendo, porque si el Juez define algo en contra de la empresa va a determinar que se queden sin trabajo todos, no sólo los empleados despedidos que demostraron falta de confianza para la elaboración de alimentos”, advirtió hace unos meses Basa Vázquez.
