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Según el texto oficial, las declaraciones realizadas en una reunión de gabinete nacional —en las que se promovía un libro que presenta al empleador que contrata niños como “benefactor de la sociedad”— fueron calificadas como inadmisibles y contrarias a los valores sociales y jurídicos vigentes en Argentina.
Desde la cartera laboral bonaerense se recordó que la normativa nacional y provincial, en línea con los tratados internacionales ratificados por la Argentina, considera el trabajo infantil como una vulneración de derechos y un delito, poniendo el foco en la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
El comunicado sostiene que legitimaciones ideológicas de esta índole representan un grave retroceso, en contraste con los esfuerzos estatales por erradicar esta forma de explotación y garantizar el acceso de los menores a la educación, la salud, el juego y el descanso.
El ministro Walter Correa, quien encabeza la cartera laboral provincial y preside la COPRETI, reafirmó la decisión del gobierno bonaerense de profundizar las políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil, en particular en contextos de mayor vulnerabilidad social.
La provincia de Buenos Aires participa activamente en iniciativas de concientización y fortalecimiento de capacidades para abordar esta problemática, a través de programas que integran acciones territoriales, campañas informativas y el trabajo conjunto con organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este pronunciamiento se enmarca en una política más amplia que considera al trabajo infantil como una cuestión de derechos humanos y rechaza cualquier intento de naturalizarlo o presentarlo como una opción válida dentro del mercado laboral.
