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La central obrera había anticipado la medida judicial la semana pasada, cuando el Gobierno oficializó el decreto que obliga a garantizar entre un 50% y un 75% de funcionamiento en servicios sanitarios, transporte, telecomunicaciones, distribución de energía y educación, entre otros, incluso en el marco de un conflicto gremial.
“El movimiento obrero dará batalla en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”, había advertido la CGT en un comunicado. “Este decreto intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate”, señaló la central, que considera la medida una reedición del artículo del DNU 70/23 que ya fue suspendido por la Justicia.
Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales de la CGT, recordó ese antecedente: “Están reiterando lo mismo que estaba establecido en el DNU 70/23, donde pretendían cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de tener una medida de acción directa”. Y agregó: “Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia en primera y segunda instancia con respecto a este tema”.
El decreto en cuestión incluye dentro de las actividades esenciales a sectores clave como la sanidad, el transporte de medicamentos, servicios farmacéuticos, distribución de agua, gas y electricidad, telecomunicaciones, internet, educación en todos sus niveles, servicios aduaneros y migratorios, aeronáutica comercial, tráfico aéreo y portuario, y el transporte fluvial y marítimo.
La presentación judicial busca frenar la aplicación inmediata del decreto, que según la CGT “pone en riesgo un derecho constitucional como es el derecho a huelga” y avanza sobre el libre ejercicio de la actividad sindical.
Fuentes del ámbito laboral, como el Observatorio del Derecho Social de la CTA-A, ya habían advertido que este tipo de medidas “desnaturalizan el concepto de actividad esencial” y restringen derechos de forma desproporcionada. Según la OIT, solo un número reducido de servicios puede considerarse verdaderamente esencial en el sentido estricto que justifica limitar el derecho de huelga.
La batalla, ahora, se traslada a los tribunales. Y la CGT ya dejó claro que no piensa retroceder.
