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La comitiva estuvo encabezada por el secretario general Hugo “Cachorro” Godoy, junto a Ricardo Peidro y Rodolfo Aguiar, quienes se hicieron presentes en el acampe que sostienen los operarios desde el 18 de febrero, cuando la empresa comunicó el cese de actividades. Allí mantuvieron un encuentro con el titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo.
“Se trata de un cierre ilegal que debe ser revocado de manera inmediata. No pueden dejar en la calle a 920 familias de un día para el otro”, sostuvo Godoy durante la recorrida por la planta. Desde la Central ratificaron además que acompañarán la convocatoria de este miércoles a las 11 frente a la Secretaría de Trabajo para repudiar los despidos y los cierres de fábricas y pymes.
Por su parte, Crespo detalló la situación que atraviesan los trabajadores desde el anuncio empresario y explicó que cuentan con respaldo jurídico para impugnar la decisión. “Estamos frente a un lockout patronal. La empresa mantiene la planta cerrada e impide el ingreso del personal, incluso con conciliación obligatoria vigente”, afirmó el dirigente del SUTNA.
El conflicto escaló en las últimas semanas con cortes en la autopista Panamericana, acampes, festivales en los accesos a la fábrica y movilizaciones al Congreso en el marco de las protestas contra la reforma laboral. Los trabajadores denuncian que la decisión empresaria forma parte de un proceso de presión sobre el sector en medio de la apertura de importaciones y la caída del consumo interno.
En ese contexto, los dirigentes sindicales también desmintieron las declaraciones del presidente Javier Milei, quien durante la apertura de sesiones ordinarias cuestionó a la empresa por el precio de los neumáticos. “No se puede responsabilizar a los trabajadores por una política económica que está destruyendo la producción nacional”, señalaron desde la CTA.
El cierre de FATE impacta de lleno en la industria del neumático, un sector estratégico que ya venía golpeado por la caída de la actividad. De no revertirse la medida, casi mil puestos de trabajo directos quedarían eliminados en el conurbano bonaerense, con el consecuente efecto en proveedores, comercios y economías regionales vinculadas a la cadena productiva.
