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El documento detalla que un trabajador formal con un hijo menor de 3 años percibe unos $60.000 bajo el régimen de Asignación Familiar por Hijo, mientras que un trabajador fuera del sistema formal obtiene mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH), más adicionales como “tarjeta alimentar” y un complemento alimentario, sumando hasta $217.000 mensuales por hijo. Esa disparidad —explican los autores— representa “un poderoso factor inductor a la informalidad”.
Para IDESA, el incentivo económico que implica permanecer en la informalidad es tan fuerte que no bastan cambios en la normativa laboral: “es imprescindible revisar el diseño de los beneficios sociales para generar un proceso sostenible de formalización”.
El informe advierte que, si esa brecha no se corrige, el cambio de ley por sí solo puede fracasar en su intento de reducir la informalidad, especialmente entre microempresas y trabajadores de ingresos bajos, que resultan más sensibles a esas distorsiones.
En ese contexto, los analistas subrayan que una unificación o reconfiguración de los beneficios sociales —reduciendo la diferencia entre lo que cobra un trabajador formal y uno informal por hijo— sería una condición «sine qua non» para favorecer la registración laboral y evitar que el mercado de trabajo siga polarizado.
