FEPETAX criticó duramente la medida, acusando al Gobierno de encubrir intereses económicos bajo el pretexto de modernización. "Esta decisión es parte de un entramado de negocios necesarios para sostener una campaña política", expresó la organización en un comunicado oficial.
Jorge García y Miguel Ángel Soto, secretario de Finanzas de FEPETAX, calificaron la medida como una forma de "precarización" y advirtieron que la seguridad del público usuario queda comprometida. En particular, señalaron el riesgo que representa la habilitación automática de las empresas por "silencio administrativo" tras cinco días hábiles, como lo establece el artículo 14 del decreto.
Los dirigentes también denunciaron la falta de regulación sobre las plataformas de transporte, resaltando que el Gobierno no establece un marco claro sobre las responsabilidades fiscales y civiles de estas empresas. "Se deja en una nebulosa el millonario negocio que evade y fuga dinero hacia paraísos fiscales", afirmaron.
El decreto también crea un Registro Nacional del Transporte, permite el ingreso de empresas extranjeras y establece un nuevo régimen de acceso a puertos y aeropuertos.
FEPETAX subrayó que la regulación del transporte garantiza seguridad y confiabilidad para los usuarios. "Con este supuesto impulso del liberalismo económico, el Gobierno intenta ocultar su ineficiencia, empujando a la sociedad a un 'sálvese quien pueda'", concluyeron.
