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En una carta dirigida al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Alberto Baños, la FSM, que representa a 105 millones de afiliados en 133 países, expresó su alarma por el desmantelamiento de políticas esenciales para garantizar la memoria histórica y la justicia. La misiva subrayó la importancia histórica del predio donde opera la Secretaría, un espacio que funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar.
"Gracias al trabajo conjunto de la Secretaría y los organismos de derechos humanos, se lograron esclarecer crímenes atroces cometidos en ese lugar", destacaron en la carta, al tiempo que advirtieron que la continuidad de estas políticas está en riesgo sin la reincorporación de los trabajadores especializados en su implementación.
Por su parte, la UIS de los Servicios Públicos y Afines, que agrupa a más de 33 millones de afiliados en todo el mundo, también envió un mensaje de solidaridad a los trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti. La organización condenó lo que calificó como "persecución, represión y violación de los derechos laborales" contra los empleados nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Ambas organizaciones coincidieron en que el cumplimiento del mandato democrático es fundamental para garantizar los derechos humanos. "El pueblo argentino, tras décadas de lucha encabezada por organismos de derechos humanos, ha dejado en claro su rechazo a la impunidad bajo las banderas de la memoria, la verdad y la justicia", concluyeron.
Las declaraciones de la FSM y la UIS se suman a las de diversos organismos nacionales e internacionales, así como fuerzas políticas y sociales que han expresado su preocupación por el rumbo de las políticas de derechos humanos en Argentina.

