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La decisión dispone, con efectos inmediatos, que el Gobierno asegure la aplicación de la normativa, suspendiendo cualquier omisión o incumplimiento que pueda afectar su ejecución. En ese marco, el fallo reafirma la responsabilidad estatal de sostener el financiamiento previsto para el funcionamiento de las universidades nacionales.
Asimismo, la resolución subraya la necesidad de preservar condiciones adecuadas de financiamiento para evitar perjuicios irreparables mientras se resuelve la cuestión de fondo. El alcance de la medida comprende al conjunto del sistema universitario, al reconocer el carácter colectivo del derecho involucrado.
Desde el ámbito gremial universitario, el secretario general de la Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi, señaló que el fallo “establece con claridad que el Gobierno debe cumplir una ley vigente”, y remarcó la importancia de garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades.
En la misma línea, Federico Montero, dirigente nacional de CONADU y docente de la Universidad de Buenos Aires, destacó que la medida cautelar “restablece un principio básico del Estado de Derecho”, al tiempo que subrayó el rol clave de la ley para sostener la educación pública, la investigación científica y el trabajo docente.
La resolución judicial representa un nuevo capítulo en la disputa por el financiamiento universitario y refuerza la obligación del Estado de garantizar el sostenimiento del sistema público conforme a lo establecido por el Congreso de la Nación.
