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La decisión de la Cámara Baja, que aprobó un combo legislativo que incluye el impuesto al salario de dos millones de trabajadores, la eliminación de exenciones y la rebaja de Bienes Personales para los contribuyentes más ricos, fue fuertemente criticada por los sindicatos. Según la Mesa Sindical, este acto contradice el artículo 81 de la Constitución Nacional y constituye una medida ilegal y confiscatoria.
"La Cámara de Senadores rechazó por completo el capítulo referente al impuesto a las ganancias y bienes personales, dejando claro que la Cámara de origen no podía tratar un proyecto que ya había sido devuelto a su ámbito," afirmó el grupo en su comunicado. A pesar de esto, la Cámara de Diputados procedió con la votación, una acción que la Mesa Sindical consideró nula y bochornosa.
El conjunto de gremios denunció que algunos bloques parlamentarios actuaron de manera vergonzosa, apoyando proyectos del oficialismo que agravaron la situación socioeconómica del país. La Mesa Sindical acusó a estos parlamentarios de no pedir cargos o nombramientos, a pesar de las acusaciones en su contra.
En respuesta a esta situación, la Mesa Sindical decidió recorrer el camino de la justicia para reclamar la nulidad de la votación. Además, planeó impulsar una estrategia común para frenar la reforma laboral propuesta, que consideran un retroceso a prácticas del siglo XIX. Entre las medidas de esta reforma se encuentran la contratación de trabajadores sin responsabilidades patronales, la eliminación de sanciones por falta de registro de empleados y la ampliación del periodo de prueba hasta un año, entre otras.
La Mesa Sindical enfatizó que respetar la Constitución Nacional no es una petición, sino una exigencia, y que defender los derechos conquistados es una obligación que honrarán. El comunicado concluyó con un llamado a una nueva etapa de lucha en defensa de los derechos laborales y la equidad impositiva, advirtiendo que la soberanía nacional está en juego ante estas políticas.Esta acción se suma a una serie de esfuerzos por parte de la Mesa Sindical y otras organizaciones laborales para proteger los derechos de los trabajadores en un contexto económico y político cada vez más desafiante.
