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Sin embargo, a pesar del amplio respaldo, resaltaron que un obstáculo se interpuso en el camino del pleno acatamiento.
Según denuncias de la UTA, el Grupo DOTA, un conglomerado monopólico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ha empleado tácticas coercitivas para disuadir a los trabajadores de sumarse a la medida. "Aprietan, amenazan y pretenden someter a los trabajadores", declaró Roberto Carlos Fernández, Secretario General del Consejo Directivo Nacional de la UTA.
Ante esta situación, en un comunicado oficial, Fernández anunció que han iniciado acciones judiciales para impugnar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y para evitar que se apliquen sanciones disciplinarias a los trabajadores que participaron en la medida de fuerza. El Juzgado Nacional del Trabajo Número 69 ha emitido un fallo favorable a los trabajadores, declarando que las disposiciones del mencionado DNU no son aplicables al conflicto en cuestión.
En un llamado a la solidaridad y la resistencia, Fernández hizo hincapié en la importancia de proteger a los trabajadores y enfrentar el poder de los "Patrones-Dirigentes" que buscan debilitar el movimiento obrero. "Cuidamos a los trabajadores y sabemos de que lado tenemos que estar", afirmó el Secretario General, reafirmando el compromiso de la UTA con la defensa de los derechos laborales.

