El presidente, Mauricio Macri, a través del Decreto 632/2018 de Administración Pública Nacional que se publicó el Boletín Oficial de hoy, avanzó con el despido de más trabajadores y trabajadoras del Estado.
El decreto 632/2018, firmado por el presidente, el jefe de gabinete, Marcos Peña, El ministro de Hacieda, Nicolás Dujovne, y el de Modernización, Andrés Ibarra, establece en su artículo 1 sobre las designaciones y contrataciones en el Estado que “no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019, prohibición que alcanza a:
• Las designaciones a término en las Plantas Transitorias previstas por el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006 y sus complementarios • Las contrataciones previstas en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 • Las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual previstas en los artículos 90, 92 ter, 93 y 99 respectivamente, de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. Decreto N° 390/76) • Las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos previstas por el Decreto Nº 1109 del 28 de diciembre de 2017 • Las designaciones transitorias en cargos simples de planta • Contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad previstas en estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.
De esta manera, con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de las citadas fuerzas, el Estado Nacional “no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019”. Supone en su artículo dos algunas excepciones discrecionales para: • Las designaciones en la planta permanente de las Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, como resultado de procesos de selección ya iniciados o aquellos que se inicien en el futuro únicamente por convocatoria interna • Las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos • Las designaciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia de cambios del régimen de prestación de servicios aplicable al personal de una jurisdicción o ente descentralizado, siempre que esas modificaciones no afecten el monto de presupuesto destinado a tales fines • La cobertura de titulares de unidades organizativas previstos en las estructuras orgánico funcionales aprobadas • Las designaciones de Personal de Gabinete de conformidad con el régimen previsto en la Decisión Administrativa N° 267 del 2 de marzo de 2018 • Las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecido por la Ley N° 25.467, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, y del personal, en caso de remplazo, comprendido en el “Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud” homologado por el Decreto N° 1133 del 25 de agosto de 2009 y sus complementarios. • La cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo, y siempre que se hayan agotado las instancias de búsqueda interna, conforme la reglamentación que a tal efecto establezca el Ministerio de Modernización.
En el tercer artículo del decreto contra la administración pública, el gobierno de Mauricio Macri, establece dejar sin efecto a partir del 1° de enero de 2019 “los Convenios de Servicios de Asistencia Técnica y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública” , otra fuente de contratación llevada adelante por el Estado Nacional.
El decreto presidencial, establece también la revisión de todo pago de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos y su prohibición de instrumentación hasta el 31 de diciembre de 2019. Además prevé una disminución del 30% del pago por servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos. Reduce también un 30% los viáticos y gastos de pasajes y ordena reducir los pasajes de clase ejecutiva. Estudiará a su vez la elaboración de la flota óptima de vehículos oficiales y la suspensión de procesos de adquisición.
Para los organismos descentralizados y desconcentrados otorga 60 días para que remitan “un proyecto de optimización de su estructura organizativa.”. También pide a las Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias que remitan “la estructura orgánico funcional, el régimen de empleo y de contratación de servicios personales aplicable, la estructura salarial, régimen de compensaciones, y la planificación de gastos en personal prevista para el ejercicio 2019 a los efectos de realizar una evaluación integral en el marco del objetivo de equilibrio presupuestario”
Finalmente invita al Poder Judicial de la nación, al Poder Legislativo Nacional, a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares
